El Juez Correccional de Segunda Nominación, Luis Mario Varela, condenó al chofer César Fabián Pihuala a la pena de dos años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para conducir, como responsable del delito de homicidio culposo agravado. Y junto a la empresa GM S.R.L. y la compañía aseguradora “La Economía”, deberán pagar una indemnización de 140.000 pesos a los familiares de la víctima, Claudio Julio Herrera, el octogenario que murió arrollado por una unidad de transporte público el 28 de agosto de 2006.
De esta forma, el magistrado consideró que Pihuala fue el responsable por negligencia o impericia de la muerte de Herrera. Y le impuso la pena que habían reclamado tanto la fiscal Olga Pereyra de Delgado, como el representante de la querrella particular. A partir del momento en que la sentencia quede firme, al chofer, que siguió prestando servicios en la misma empresa, se le retirará el carnet de conducir.
La sentencia se conoció ayer alrededor de las 11.40. Previamente, la audiencia se inició con la posibilidad del acusado de expresar su última palabra en el debate. Pero sólo guardó silencio por unos instantes y luego manifestó que no tenía nada más que decir.
Luego, el presidente del tribunal pasó a un cuarto intermedio para emitir el veredicto. Fueron sólo unos minutos de deliberación.
Luego de que por secretaría se procediera a la lectura, Pihuala sólo extendió la mano a su abogado, Enrique Lilljedahl y le dio las gracias.

Indemnización

La indemnización que fijó el juez a modo de resarcimiento por los daños morales ocasionados a la familia de la víctima, que intervino en el debate como querellante particular y actor civil, ascendió a 140.000 pesos. Una cantidad sensiblemente inferior al cálculo que había establecido el representante legal de la querella, Marcos Denett, quien en representación de los cinco hijos de la víctima, solicitó un monto de 72.000 pesos por daños morales y sicológicos, para cada uno de ellos; es decir 360.000 pesos en total.
Al momento de emitir el fallo, el juez sólo consideró que el resarcimiento debía cubrir el daño moral, y rechazó la pretención de daño psicológico. El monto deberá ser cubierto en forma solidaria por el imputado, la empresa de transporte para la que trabaja y la compañía aseguradora.
De todas formas, en diálogo con la prensa, Denett destacó que “la familia no perseguía un resarcimiento económico, sin que se hiciera Justicia, y considero que el hecho de que se haya llevado a cabo el juicio y se haya arribado a una sentencia nos deja conformes”.
El accidente fatal ocurrió hace ya más de cuatro años, el 28 de agosto de 2006, cuando Pihuala, al mando de un colectivo que hacía el recorrido de la línea 103, arrolló y mató al octogenario en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Güemes.