La Cámara de Senadores de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la creación de un registro papiloscópico y genético digitalizado de toda la población, y un apartado especial para los condenados por delitos en contra de la integridad sexual.
El proyecto, de autoría del senador Jorge Agüero, consta de dos partes. Por un lado, la creación del “Registro Provincial de Huellas Papilares y Genéticas Digitalizadas”, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad -para lo cual se creará una Dirección-, y que tiene plazo de cinco años para que todos los pobladores mayores de 16 registren sus huellas papilares (de palmas y dedos) como genéticas, las que tendrán un “carácter confidencial y secreto”.
Al impulsar la iniciativa, el senador Agüero destacó que será “una ayuda de gran valía para el trabajo de investigación policial y judicial, permitiendo los elementos que lleven a individualizar a los responsables e identificar sin controversias mayores, a autores de hechos delictivos; como así también distinguir las huellas del personal policial y judicial interviniente en el lugar de los hechos en razón de la actuación oficial y contribuir a la resolución de los conflictos suscitados en casos judiciales no penales, por expreso y fundado pedido de la autoridad judicial interviniente”.
Además, en el Capítulo dos del proyecto, se establece la creación del “Registro contra la Integridad Sexual” (Sic). Más allá de lo que sugiere el título, la intención del senador es la de crear un registro especial en el ámbito judicial en donde consten los datos personales, físcos, fecha de condena recibida, y demás antecedentes procesales de los condenados por delitos sexuales; junto a su fotografía, y huellas genéticas y papilares digitalizadas.
La normativa prevé que las “constancias obrantes en el registro serán de contenido reservado y sólo podrán ser suministradas mediante orden judicial”.
 

No obstante, se prevé que en el caso de que los condenados obtengan beneficios excarcelarios, como salidas transitorias, laborales, o libertad condicional, se deberá notificar a las comisarías o dependencias policiales del lugar donde el reo fije domicilio. Y esa información deberá ser suministrada “a modo de prevención” a las autoridades de entidades educativas, de asociaciones civiles, vecinales, sociales, deportivas y todas aquellas donde concurran menores de la jurisdicción donde esté radicado el imputado.
El legislador justificó esta medida argumentando que “el incremento de estos delitos ha conmocionado a la sociedad toda, y víctimas de ello han sido y son niños, adolescentes, jóvenes y mujeres adquiriendo una dimensión alarmante, que supera los límites de la justicia penal”, sostuvo el senador. “Se pueden evitar estos actos con el debido seguimiento de los autores que han recuperado su libertad, teniendo en cuenta la opinión compartida de numerosos profesionales y estudiosos en el tema”, refirió.
“La creación del registro responde a una cuestión que a la gente le llena de dudas y de temor”, reconoció. “La respuesta por parte del Estado a través de la Cámara de Senadores es la de otorgarle a la comunidad el derecho a saber que en el lugar en el que viven, reside un violador, protegiendo así y poniendo un freno al riesgo, porque sus derechos deben estar privilegiados sobre los derechos de los autores de los delitos”, indicó.