Los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera pidieron al Tribunal Oral en lo Penal Económico Tres, que el ex presidente y actual senador Carlos Menem, sea condenado a ocho años de prisión como coautor del contrabando agravado de material bélico a Croacia y Ecuador.
Al concluir su alegato en el juicio oral y público por la venta ilegal de armamento, los fiscales solicitaron además, siete años de prisión para el ex cuñado y asesor de Menem, Emir Yoma, y para el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, y tres -en suspenso- para el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik.
Borinsky y Agüero Vera solicitaron, también, que el ex jefe del Ejército y actual embajador en Colombia, Martín Balza, sea investigado por el presunto delito de falso testimonio. Semanas atrás, la Dirección General de Aduanas (DGA), que actúa como querellante, había pedido cinco años de prisión para Menem.
De los 18 procesados en la causa que llegaron a juicio, la fiscalía sólo evitó pedir condena contra la ex verificadora de la DGA, María Teresa Cueto, por considerar que con respecto a ella se produjo la prescripción de la acción penal.
Los fiscales solicitaron seis años de prisión para el ex interventor de Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga (cuya confesión sirvió para impulsar la investigación) y para los ex gerentes y directores de esa dependencia, Carlos Núñez, Edberto González de la Vega y Carlos Franke.
Para los también ex directores de FM, Manuel Cornejo Torino y Haroldo Fusari, Borinsky y Agüero Vera pidieron cinco años y seis meses de prisión, en tanto que para Julio Sabra, Teresa Irañeta de Canterito y Jorge Cornejo Torino, reclamaron cinco años de cárcel.
La lista de los pedidos de pena se completó con el requerimiento de cuatro años y seis meses para Antonio Vicario, ex director de FM, y cuatro años para los ex funcionarios de Cancillería Enrique De la Torre y Mauricio Musi.
En todos los casos, los procesados fueron acusados por “contrabando agravado” por la venta de 6.500 toneladas de armas a Croacia y Ecuador, a través de dos decretos presidenciales firmados en 1991 y 1995.
Las normas presidenciales fijaban como destino del armamento a Panamá, Bolivia y Venezuela, ya que había un embargo internacional para venderlas a Croacia y la Argentina era garante de la paz en el conflicto que, por razones limítrofes, mantenían Ecuador y Perú.
Durante el desarrollo del alegato, que comenzó hace una semana, los fiscales afirmaron que Menem “convalidó la venta de armamento a los verdaderos países de destino con cuyos gobernantes tenía una excelente relación” y firmó los decretos “a sabiendas del verdadero destino del material”.
El juicio, que se realiza en la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 de Capital Federal, continuará el 7 de febrero de 2011 cuando las defensas de los procesados -se prevé que la de Menem lo hará al principio- realicen sus alegatos.
En tanto, el pedido de investigación contra Balza por presunto falso testimonio se fundamentó en sus declaraciones en el juicio, en las que negó haber visto armas argentinas en Croacia durante una visita que hizo a ese país.
Una presunta testaferro de Yoma, Aurelia Hoffman, también fue denunciada por falso testimonio, delito del que fue acusada por sus contradicciones con los dichos de cuatro testigos sobre el dinero que habría recibido el ex cuñado de Menem por la venta ilegal de armamento.