Dos de los sobrevivientes de la “Masacre de Capilla del Rosario”, declararon ayer ante el fiscal Federal Santos Reynoso, que investiga los posibles crímenes que se produjeron en Catamarca durante la época del proceso militar. Decenas de presos políticos fueron convocados a dar testimonio de cómo fueron sus detenciones y sobre si fueron objeto de vejámenes y torturas mientras estuvieron privados de la libertad.
Jorge Ramírez y Mario Paz fueron dos de los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que en agosto de 1974 fueron detenidos tras el frustrado intento de copamiento al Regimiento de Infantería aerotransportada de Catamarca. Mientras que 16 militantes fueron fusilados en Fray Mamerto Esquiú luego de que habían depuesto las armas, un grupo de 12 fue arrestado y trasladado a Catamarca.
Los doce militantes denunciaron que habían sido víctimas de tormentos y vejámenes durante el tiempo en que estuvieron arrestados. Ahora, la Justicia Federal decidió investigar qué ocurrió durante el tiempo en que estuvieron privados de la libertad en Catamarca, y si existieron torturas.
Paz y Ramírez declararon ante la Fiscalía y ratificaron que al momento de su detención fueron objeto de torturas y apremios por parte de efectivos de la Policía de la Provincia.
Además de Ramírez y Paz, en la causa también declararon otras personas que fueron detenidas durante la última parte del gobierno de Isabel Martínez de Perón, y durante el tiempo que duró la dictadura militar. Según fuentes judiciales, al menos una decena de presos políticos catamarqueños declararon y otros tantos fueron convocados a prestar declaración en sucesivas audiencias.
La investigación, hasta el momento, no tiene personas imputadas. Se trata de determinar si es posible identificar a quienes actuaron aplicando tormentos a los detenidos, y si hubo vinculación con las causas que se investigan por la desaparición forzada de personas, tanto en Catamarca como en las provincias vecinas.

El inicio

El inicio de esta nueva investigación tiene su origen en el año 2007, cuando el abogado Guillermo Díaz Martínez denunció la existencia de 174 archivos con información sobre militantes, que estaban vigentes en la Policía de la Provincia desde la época de la Dictadura. Entre esos archivos, se encontraba el del actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
La Justicia Federal ordenó el secuestro de esos archivos, en principio para determinar si había vinculación con la investigación de las desapariciones forzadas.
Luego, el juez Federal Ricardo Antonio Moreno, consideró que debía iniciarse una causa autónoma y separada, para reconstruir históricamente qué había ocurrido con los presos políticos de Catamarca, y si habían sido víctimas de delitos de lesa humanidad, como tantos militantes desapareidos en prácticamente todo el país.