El camarista de sentencia Rodolfo Bustamante condenó ayer a un año y medio de prisión en suspenso a la ex concejal de la localidad de San Martín, Griselda Hortencia Carrizo, a la que declaró culpable del delito de estafa. Y en la sentencia ordenó que se continúe investigando la causa, y se determine si el ex intendente Alfredo Hoffman y su secretario de Hacienda, Miguel Ángel “Manicho” Soria, también deberían responder por este hecho.
Así concluyó ayer el juicio oral por las maniobras delictivas que según la condena, llevó a cabo Carrizo mediante el consorcio “Mi Casa”, que se conformó en 1999 en Capayán, para el financiamiento de casillas prefabricadas. Durante las sucesivas audiencias del debate oral, se desnudaron gruesas irregularidades tanto en la conformación de ese consorcio, como así también en la administración de las unidades habitacionales que se adquirieron mediante un crédito otorgado por la Administración General de Juegos y Seguros (ex Capresca).

Condenada

Carrizo llegó imputada junto a Nicolasa María Isabel Aguirre. La primera era presidente del consorcio y Aguirre la tesorera.
Ambas fueron denunciadas por una de las beneficiarias de ese consorcio, quien durante el año 2002 se inscribió para obtener una de las casas prefabricadas que se habían adquirido. La mujer firmó la documentación y entre 2003 y 2005, le descontaron por planilla las cuotas de su vivienda. Pero nunca la obtuvo.
Durante el debate oral quedó probado cómo fue el manejo que se hizo de esas viviendas. Y se reveló, entre otras irregularidades, que si bien en un principio la ex CAPRESCA había financiado 22 viviendas mediante un préstamo de más de 50.000 pesos en 1999, sólo se entregaron 15 unidades a beneficiarios.
Pero como si ello no constituyera ya una grosera irregularidad, hubo testigos que manifestaron que recibieron la vivienda prefabricada, pero nunca pagaron siquiera una sola cuota. Además del hecho de que las viviendas estuvieron desarmadas y guardadas más de dos años, sin que llegaran a las personas con necesidad de soluciones habitacionales, que en el departamento Capayán no escasean.

Alegatos

Durante la jornada de ayer el fiscal de Cámara Gustavo Víctor Bergesio expuso sus alegatos y consideró responsable sólo a Carrizo, para quien pidió una condena de 14 meses de prisión en suspenso. En cuanto a Aguirre destacó que al momento en el que la damnificada se involucró con el consorcio, ya se había apartado de la entidad societaria, y ni siquiera había obtenido su propia vivienda, ya que no podía pagar las cuotas.
El fiscal Bergesio señaló además que era evidente que hubo más personas involucradas en las maniobras delictivas. Y por ello solicitó que se investigue a los ex funcionarios de la Municipalidad de Chumbicha, que formaron parte del consorcio y que tuvieron alguna participación en la gestión de los créditos.
La postura del fiscal fue compartida por el abogado Oscar Romero, que representó a la damnificada en el debate. El letrado destacó que toda la maniobra con las viviendas fue un “verdadero y palmario hecho de corrupción”.
Los defensores, María Romano y Víctor García, consideraron que no había quedado probada la autoría por parte de Carrizo en el hecho de estafa. Y ellos también señalaron que en la causa hubo más personas, principalmente funcionarios de la Municipalidad de Capayán, que debían ser investigados por esta causa.
El fallo se conoció alrededor de las 12 de ayer. El juez Bustamante presidió el tribunal unipersonal.