El juez de Garantías Héctor Rodolfo Maidana dictó una nulidad parcial en la investigación por el crimen del quinielero Rober Durval Marchetti, y ahora el expediente, que estaba para resolver la prisión preventiva de los cinco imputados, deberá volver a la fiscalía de Instrucción.
Así trascendió de fuentes cercanas a una de las defensas de los imputados, quienes ayer se notificaron de la resolución del magistrado. Según se pudo saber, Maidana consideró que había un error en el Decreto de determinación de una de las acusaciones, por lo que resolvió devolver el expediente al fiscal de instrucción Nº 4, Ezequiel Walther, para enmendar el error y solicitar nuevamente la prisión preventiva.
En la causa están imputados Diego Moya y Gaspar Segura como coautores del delito de robo doblemente agravado por el uso de armas de fuego, y por ser en lugar poblado y en banda, en concurso real con homicidio calificado por críminis causa. En el caso de Moya, además, el fiscal lo imputó como autor del delito de amenazas.
Junto a ellos, están acusados Fernando Vega, Flavia Vega y Carlos Quevedo, como partícipes primarios del hecho.

Amenazas

Maidana consideró que no estaba correctamente determinada la imputación por el delito de amenazas en contra de Moya. La fiscalía le atribuyó ese delito porque el día del hecho, el viernes 7 de mayo último, el acusado habría sido quien ingresó armado al local de Marchetti, en Villa Cubas, y tras amenazarlo con una pistola de grueso calibre, terminó descerrajándole tres disparos que acabaron con su vida. Luego, cuando la mujer de Marchetti salió alertada por los disparos, éste le habría efectuado otros disparos intimidatorios en su contra.
Aparentemente, para el magistrado esa conducta no encuadraría en el delito de amenazas.
Al dictar la nulidad del decreto de determinación del hecho, el fiscal Walther deberá enmendarlo e indagar nuevamente los imputados. Luego deberá solicitar nuevamente que se dicte la prisión preventiva en contra de los sospechosos.
De todas formas, los defensores insistirían en oponerse a la solicitud de la medida; y en caso de que ésta se dicte, se especula que recurrirían la medida ante la Cámara de Apelaciones.