La investigación por el supuesto fraude administrativo denunciado en la Secretaría de Desarrollo Social en el año 2004 sufrió ayer otro traspié. Es que la Cámara de Apelaciones anuló el auto interlocutorio por el que había sobreseído a gran parte de los involucrados y enviado a juicio a los funcionarios Pablo Córdoba Molas y Roberto Regina, junto al titular de la fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu.
Esta es la tercera nulidad que dicta Apelaciones en el marco de la investigación que empañó la primera parte del gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, y que habría producido un daño patrimonial de más de 4 millones de pesos al Estado. Según se pudo saber, el tribunal de alzada consideró que hubo contradicciones que no respetaron el debido proceso al momento de tratar la situación de cada uno de los involucrados.
En abril pasado, el juez de garantías José Antonio Carma emitió un auto interlocutorio por el cual sobreseyó total y definitivamente a Hugo Diamante, presidente de la fundación “Ideia”; al ex tesorero general de la provincia, Juan Andrés Barrios y a los empleados que se desempeñaban en Desarrollo Social, Tesorería, y Contaduría General, Nancy Madueño, Susana Beatriz de la Colina, María Cristina Barros de Voget, Guillermo López y Liliana del Valle Jalil de la Barrera.
Con la excepción de los defensores de Diamante, todos los abogados plantearon apelaciones en contra de ese auto interlocutorio. Incluido el fiscal de Instrucción Nº 4, Carlos Ezequiel Walther, quien había planteado que los nueve involucrados debían ser enviados a juicio, ya que a su entender existían elementos suficientes para sostener las sospechas en su contra.
Otro de los planteos fue realizado por el abogado de Arriazu, Víctor García, quien sostuvo que había situaciones contradictorias en el tratamiento de la situación de cada imputado.

Cuestión formal

El fallo de la Cámara de Apelaciones sólo se refiere a una cuestión formal, ya que consideraron que hubo contradicciones en la resolución de Carma, porque con los mismos argumentos con los que se sobreseyó a algunos de los involucrados, se confirmó la acusación en contra de otros.
La situación más clara de estas contradicciones se evidenciaría en la situación de Arriazu y Diamante. Ambos eran los titulares de las fundaciones que le vendían cursos de perfeccionamiento al Gobierno.
Sin embargo, Carma envió a juicio oral a Arriazu, y dictó el sobreseimiento de Diamante, entre los otros imputados.
Ahora, el auto interlocutorio de 2.800 fojas volverá al juzgado de Carma, donde debería corregir esas nulidades. Y analizar si mantiene la misma situación para todos los involucrados.
Recién entonces, el Tribunal de Alzada podrá analizar el “fondo de la cuestión”. Es decir, si la situación procesal de cada de uno de los involucrados es correcta.
La investigación lleva ya seis años. Y pasó por varias etapas legales y por las manos de varios fiscales y jueces . Tal es así que Apelaciones dictó ya tres nulidades y apartó a uno de los magistrados que entendieron en la causa.
Este último fallo fue dictado por el tribunal presidido por el juez Raúl Da Pra, e integrado por el camarista Juan Carlos Reynaga y el subrogante, Carlos Alberto Roselló, quienes votaron por unanimidad.

El fraude

El supuesto fraude radicaría en que los cursos se pagaron -por cifras exhorbitantes-, pero no se habrían dictado, en muchos casos, y en otros se habrían falseado los listados de asistentes.
Además, en la investigación está planteada la sugestiva celeridad con la que se cobraban expedientes de más de 200 ó 300 mil pesos, en tiempo récord.
Según las auditorías y las constancias de la causa, el daño patrimonial al estado habría sido de 4.2 millones de pesos.