La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán emitió una resolución en el marco de la investigación de la causa por la “Masacre de Capilla del Rosario”, para que se corrijan gruesos errores en la imputación de los dos únicos procesados, los ex militares Mario Nakagama y Carlos Eduardo Carrizo Salvadores. Según el fallo del Tribunal de Alzada, entre otras falencias los imputados no fueron debidamente informados de que estaban acusados por un delito de “lesa humanidad”, lo cual representaría un severo error por vulnerar el derecho de defensa; además de que no habría una fundamentación adecuada a la calificación legal.
La causa volverá a Catamarca para que el juez Ricardo Antonio Moreno corrija estos errores, y deberá indagar nuevamente a los involucrados.
 

El fallo de la Cámara representa un gran retroceso en la investigación. Y aleja cada vez más la posibilidad de que el fusilamiento de los guerrilleros del ERP ocurrido en agosto de 1974, finalmente llegue a juicio oral.
Sin embargo, estos errores podrían haber generado nulidades posteriormente en un eventual debate.
El año pasado, el juez Moreno había procesado sin prisión preventiva a Nakagama y a Carrizo Salvadores, como partícipes secundarios del delito de “homicidio doblemente calificado”. El magistrado consideró que ninguno de ellos había participado activamente de la ejecución de los militantes, aunque sí que prestaron colaboración.
En ese fallo, el juez también sobreseyó a otros militares y funcionarios sobre los que el Ministerio Público había pedido procesamiento.
La resolución de Moreno fue apelada tanto por la defensa de los dos procesados, como así también por los abogados representantes de la querella particular y la Fiscalía. Estos últimos cuestionaron que la calificación que debería caberles a los imputados era la de partícipes primarios.

Nueve meses

El caso estuvo desde diciembre del año pasado en el tribunal de Apelaciones, que el pasado 17 de septiembre emitió este fallo. Hasta ayer, las autoridades del Juzgado Federal no habían recibido notificación oficial de la medida. Ni tampoco las demás partes involucradas.
El fallo ordenó que el juez Moreno proceda a tomar las declaraciones indagatorias nuevamente, y a todos los actos procesales que de ellas se desprenden. Y que resuelva nuevamente la situación de los procesados conforme a derecho.
La causa se encuentra en etapa de investigación desde hace casi seis años. Fue en diciembre del año 2004 cuando los respresentantes de organismos de Derechos Humanos denunciaron la presencia de los cuerpos de los activistas fusilados en una fosa común del Cementerio Municipal.
A partir de allí se inició la investigación penal que acreditó que esos cuerpos correspondían a las víctimas de la Masacre de Capilla del Rosario.
Allí fueron fusilados 16 miembros del ERP, quienes formaban parte de un grupo que intentó copar el Regimiento de Infantería Nº 17 Catamarca, pero fueron sorprendidos por la policía. Parte de los guerrilleros fueron detenidos, otros se dieron a la fuga. Y el grupo que fue cercado en Capilla del Rosario, luego de deponer sus armas, fue finalmente ejecutado por las fuerzas del Ejército.
A 36 años de aquella masacre, la Justicia todavía no logra poner a los responsables en el banquillo de los acusados.
Según las fuentes consultadas, no es la primera vez que el Tribunal de Alzada emite un fallo de esta naturaleza en causas que son investigadas por el Juzgado Federal local. Ya lo hizo con respecto a la investigación de la Causa Ponce, por la desaparición forzosa de personas ocurridas en Catamarca durante los años de la Dictadura Militar.