En un nuevo capítulo de la pelea entre la Corte Suprema y el Gobierno, el Centro de Información Judicial denunció hoy que el Gobierno recortó casi el 40% de los fondos previstos para el máximo tribunal en el proyecto de presupuesto para 2011, lo que representan unos $778 millones.

"Ello impide la proyección y realización de las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de las politicas de estado fijadas por el Poder Judicial", denunció la Agencia de Noticias del Poder Judicial.

La noticia se conoce a casi un mes del reclamo que realizó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de un "un presupuesto independiente para que los jueces tengan recursos para trabajar".

Según el CIJ, la decisión del gobierno nacional sobre el presupuesto afectó a la Corte Suprema con un recorte del 39% de su presupuesto ($355 millones menos), mientras que el Consejo de la Magistratura sufrió una reducción del 12% ($423 millones menos).

El Poder Judicial representa el 1,2% del presupuesto 2011 y contribuye en un 45,5% en el resultado financiero del mismo. Expresado en cifras, la Justicia aporta 724 millones pesos de los 1.593 millones del superávit financiero previsto en el presupuesto nacional.

La polémica entre el Poder Judicial y el gobierno nacional por el presupuesto no es nueva. El año pasado Lorenzetti denunciaba: "Entre los recursos que corresponden al Poder Judicial y la autorización presupuestaria, el Poder Ejecutivo nos recorta el 35%". Para el próximo período la Corte denunció que el recorte es del 39%.

Este año la Corte solicitó al Ejecutivo a través de una acordada un aumento del 18.54% respecto del pedido que había realizado para este año, en total unos 5.351 millones. Sobre esa cifra es que el gobierno nacional realizó el ajuste.

"El aumento que pidió la Corte es acorde a la inflación", dijeron fuentes judiciales a lanacion.com .

Durante este año, si bien el Poder Judicial tuvo ingresos por 4500 millones de pesos, sólo está autorizado a gastar 3200 millones. Situaciones de este tipo, que se repiten año tras año, obligan a la Corte a solicitar múltiples autorizaciones de partidas a la Jefatura de Gabinete. Este procedimiento le quita independencia a la Corte, que viene reclamando la autonomía presupuestaria.