La representante del Sindicato de Empleados Municipales de Capayán, Norma Beatriz Cuesta, fue detenida e imputada por el supuesto delito de administración infiel. Según la investigación del Fiscal de Instrucción Nº 6 Marcelo Sago, la dirigente habría desviado alrededor de 50.000 pesos que los afiliados aportaron durante más de un año a la entidad, que nunca fue normalizada, y cuyo destino es ahora incierto.
Cuesta fue detenida en Chumbicha el miércoles por la noche por orden del fiscal Sago. Ayer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y el Menor, y de allí fue llevada a la Fiscalía de calle Junín 632, donde acompañada por una abogada del foro local, fue indagada por el delito de administración infiel. Luego de conocer los hechos que se le imputan y las pruebas en las que está fundamentada la acusación, Cuesta se negó a prestar declaración.
En un breve diálogo con la prensa, al retirarse de la indagatoria, manifestó que “yo voy a aportar pruebas, no voy a hablar al vicio; estoy acá por defender al obrero, y hago responsable de esta denuncia al intendente de la Municipalidad de Capayán”.
Luego de la indagatoria, se esperaba que ante la falta de antecedentes computables, Cuesta recuperara su libertad entre la tarde y la noche de ayer.

La causa

La causa en contra de Cuesta, según se pudo saber de fuentes judiciales, se originó en una denuncia radicada por dos empleados municipales de Capayán. Y se vio apuntalada por una gran cantidad de testimonios y de documentos de prueba aportados por la Municipalidad del lugar.
En el año 2008, los trabajadores comunales de Capayán tomaron la iniciativa de crear una entidad sindical que los nuclee. En forma provisoria, pusieron como secretaria general a Cuesta, quien tenía como objetivo normalizar el gremio e inscribirlo legalmente para tener representatividad de los trabajadores ante la patronal. Y fue autorizada por un grupo de alrededor de 140 trabajadores a percibir los aportes con los que se sostendría la entidad gremial. Estos aportes fueron descontados mensualmente entre los meses de agosto de 2008 y octubre del año siguiente. Y según la documentación que habría aportado la comuna, el dinero habría sido entregado a Cuesta.
Al cabo de más de un año, Cuesta habría sido intimada en reiteradas oportunidades para que regularizara la situación de la entidad gremial. Y que presentara una rendición de cuentas para determinar qué destino tenían esos aportes.
Ante la falta de respuestas, en octubre del año pasado, la comuna decidió suspender la retención de aportes a los afiliados y el pago a la entidad. Y posteriormente se produjeron las denuncias penales que dieron lugar a la investigación.
Luego de recabar los elementos de prueba, el fiscal Sago consideró que hay suficientes elementos para imputarle el delito de administración infiel. Entre otros elementos, se comprobó en la causa que no hay ninguna cuenta del gremio en ningún banco, y se desconoce el destino que tuvieron los aportes, que suman alrededor de 50.000 pesos.

Acusadora

Norma Cuesta fue la mujer que denunció y llevó a la Justicia un hecho de corrupción por el que fue condenada la ex concejal de la localidad de San Martín, Griselda Hortencia Carrizo, a una pena en suspenso por estafa. En esa causa, ella fue querellante particular y actora civil, porque ella accedió a comprar una vivienda prefabricada, por la que le descontaron durante más de un año las cuotas, y jamás la recibió.
Tras la sentencia, se ordenó que se investigara a otros funcionarios que estarían involucrados en las maniobras fraudulentas, como el ex intendente Hoffman.