La Corte de Justicia anuló otro decreto del entonces juez de Ejecución Penal, Luis Guillamondegui, que había beneficiado a un peligroso homicida al quitar de la condena las accesorias de prisión por tiempo indeterminado. Se trata de Sergio Ariel Bazán, uno de los condenados por el “crimen de la ripiera”, quien a partir de ese decreto había accedido a beneficios excarcelarios que ahora se le retirarán.
Bazán fue condendo como coautor de los delitos de robo doblemente calificado y homicidio triplemente calificado por el asesinato del joven Cristian Díaz, ocurrido el 1º de mayo de 2000 en la zona sur de la ciudad. La pena dispuesta por la Cámara Penal Nº 1 fue la de prisión perpetua más las accesorias de prisión por tiempo indeterminado. Situación que lo dejaba sin oportunidad de acceder a beneficios excarcelarios.
Sin embargo, el juez Guillamondegui, mediante un decreto de diciembre de 2007, dejó sin efecto las accesorias apoyándose en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde entonces Soria comenzó a obtener salidas.
La medida fue cuestionada por el fiscal de Instrucción Roberto José Mazzucco, quien consideró que no era potestad de Guillamondegui modificar la sentencia, y cuestionó que el Ministerio Público no fue consultado sobre la medida oportunamente.
Aunque la Corte de Justicia no resolvió la cuestión de fondo, consideró que el decreto de Guillamondegui es nulo porque no se corrió vista a la fiscalía para que se expida oportunamente sobre si era factible otorgar el beneficio al condenado.
El fallo de la Corte es idéntico a lo resuelto en la causa de Gerardo Ochoa, otro peligroso criminal que había obtenido beneficios excarcelarios mediante un decreto del Juzgado de Ejecución Penal.