Sergio Daniel Olivera (33), el cordobés acusado de haber sometido a extorsiones y amenazas a un empresario de la construcción de Catamarca, fue indagado ayer por el fiscal Juan Pablo Morales. Asistido por el abogado Víctor García, se reservó en el derecho de absternerse de prestar declaración, y mañana se realizaría la audiencia de control de detención para determinar si continúa privado de la libertad.
Así fue confirmado por fuentes ligadas a la causa, las que detallaron que el hecho fue calificado como “extorsión agravada por la participación de un menor”. Tal como lo informó El Esquiú.com el pasado viernes, Olivera fue detenido en el Camping Municipal el jueves por la tarde luego de una minuciosa investigación del personal de Inteligencia Criminal, y la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia, mediante la cual se determinó que era el autor de una serie de llamadas amenazantes e intimidatorias a un empresario de la construcción al que le exigía el pago de 100.000 Euros, o de lo contrario mataría a su familia. El delincuente demostró tener nutrida y fidedigna información de los movimientos de la familia del damnificado. Esos datos habrían sido aportados por un medio hermano, de 15 años, quien es amigo de uno de los hijos del damnificado.
El adolescente también fue aprehendido el pasado jueves en un allanamiento en la casa de su familia, y está a disposición del Juzgado de Menores, aunque por su edad podría ser declarado inimputable. Mañana el menor tiene una audiencia con una de las juezas de menores, quien debería resolver su situación.

El hecho

El caso comenzó a ser investigado el 9 de febrero pasado cuando la víctima -cuya identidad se mantiene bajo reserva- radicó una denuncia en la que señaló que desde dos semanas antes, había comenzado a recibir llamadas intimidatorias por parte de un sujeto que le exigía dinero. Si bien al principio no dio trascendencia al hecho, cuando el extorsionador demostró que tenía datos de sus hijos, entre ellos, de una hija que estudia en Tucumán, comenzó a preocuparse y radicó la denuncia.
Los llamados fueron realizados desde distintas líneas de celulares que, según los investigadores, quedó acreditado que están ligadas a Olivera. Hasta dos días antes de ser detenido, la familia damnificada continuaba recibiendo llamadas y mensajes de texto a sus celulares con amenazas.
Los investigadores determinaron que uno de los medio hermanos de Olivera -son hijos de distinta madre- es compañero del colegio del hijo del damnificado. Aunque ese joven, que tiene 17 años, no estaría ligado al hecho, sino el más chico, de 15, que también es amigo del hijo del empresario.

Defensa

La defensa, que ejerce el abogado Víctor García, tratará de pelear la calificación de la causa, para que el hecho quede encuadrado en grado de tentativa, ya que nunca se concretó el pago del dinero que supuestamente exigía.
Con la calificación actual, Olivera podría recibir una pena de entre 6 años y 8 meses de prisión como mínimo y 13 años y 4 meses como máximo, ya que la participación de un menor agrava en un tercio el monto de la pena.