La organización humanitaria Amnistía Internacional reconoció su preocupación por la falta de esclarecimiento del secuestro y desaparición de María de los Ángeles Verón, perpetrados hace diez años en Tucumán, y reclamó al estado que garantice "justicia y verdad".
Además, pidió "al Estado argentino que asegure que este crimen no quede impune" y sumó a las autoridades de Tucumán en la exigencia de "garantizar justicia y verdad en el caso de Marita Verón".
Mediante un comunicado oficial, y luego de que se absolviera a todos los imputados en la causa, la organización remarcó que observaba "con profunda preocupación que la justicia no haya esclarecido después de más de diez años la desaparición" de la joven tucumana.
Así, se recordó que desde abril de 2002, su madre, Susana Trimarco, emprendió una "lucha incansable" para encontrarla y que "develó indicios de que Marita había sido secuestrada por una red dedicada al tráfico de mujeres con fines de prostitución".
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que "el Estado Argentino, a través de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como ´Convención de Belém do Pará´, se comprometió a investigar con debida diligencia y sancionar la violencia contra la mujer".
"Esto se debe traducir en una investigación oportuna, exhaustiva, imparcial, independiente y efectiva sobre la desaparición de Marita Verón y sobre cómo operan las redes de trata en el país", advirtió.
La dirigente indicó que "el Estado tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para que este crimen no quede impune y para que se conozca la verdad de los hechos".
"Es fundamental que se envíe una señal clara de que este tipo de actos no van a tolerarse, a través de la resolución de este caso y, de manera más amplia, por medio de políticas dirigidas a combatir la trata de mujeres en el país", reclamó.
Amnistía también se solidarizó, entonces, con Susana Trimarco, por sus logros contra la trata de personas, y pidió al Estado "garantizar su protección y la de todos los testigos en este proceso".