La presentación también recayó sobre los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa y Antonio Sícaro; y sobre Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte ferroviario.

Todos los ex funcionarios fueron acusados por el fiscal por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta, en virtud del mal manejo de los subsidios que recibió la empresa TBA, concesionaria del servicio al momento del accidente. Según el funcionario de Justicia, los montos ascendieron a $1.924.625.755,67 entre 2003 y 2010.

Hace algunos días, el juez Claudio Bonadío clausuró el proceso de investigación y pidió a las partes que acusen para poder llevar el caso a un tribunal oral.

Ayer, al cumplirse 11 meses de la tragedia, familiares de las 51 víctimas habían cuestionado al gobierno nacional por el silencio, y habían pedido que los funcionarios acusados de corrupción fueran juzgados.