Ayer recibió media sanción un proyecto de ley que propicia la creación de un Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial, el cual tendrá como finalidad entender en cuanto a las infracciones de tránsito cometidas en el territorio provincial.
El proyecto pertenece al senador por el Frente Para la Victoria Ramón Figueroa Castellanos, quien explicó en la fundamentación que la principal razón para crear este nuevo organismo es quitarle una gran distracción al Jefe de Policía, quien, hasta el día de hoy, además de las funciones que debe realizar, tiene por tarea ocuparse de las contravenciones de tránsito.
La jurisdicción del nuevo ente tendrá lugar en las rutas, caminos, autopistas y semiautopistas, tanto provinciales como nacionales. Actualmente, la autoridad en la aplicación y comprobación de estas faltas en el territorio provincial es de la policía, mientras que los municipios, a través de sus autoridades, aplican en sus respectivas jurisdicciones.
Conforme a la ley 5171/2005, el flamante jefe de Policía Julio César “Suri” Gutiérrez, es además el Juez de Faltas provincial. Es decir que, además de estar encargado de prevenir el delito y mantener la paz social y el orden público, debía distraerse juzgando contravenciones de tránsito.

Cómo funcionará

Habiendo recibido ya media sanción en la Cámara de Diputados, cuando se apruebe la ley y se cree este nuevo juzgado, será el Juez Administrativo quien observará las disposiciones de la ley y los regímenes vigentes, para tomar intervención en las presuntas infracciones de tránsito que se cometan en el ámbito mencionado. El juzgado estará integrado, además del juez, por dos secretarios.
Este nuevo sistema “observará tanto las garantías constitucionales y procesales como las de imparcialidad y debido proceso y, por ende, un sólido derecho de defensa con respuesta inmediata y útil para los intereses del Estado, del contraventor y de los vecinos”, aseguró Figueroa Castellanos.

Nuevo Juzgado

El proyecto de ley facultará al Ministerio de Gobierno y Justicia a implementar una estructura orgánica funcional con las normas de la administración pública.