Desde Derechos Humanos aseguran que se tomaron medidas arbitrarias

Investigan sospechas de “tráfico de influencias” por la beba apropiada

La unidad de Delitos Criminales estudia la documentación requerida al Juzgado de Familia para dirimir si se encuentra en regla.
jueves, 17 de octubre de 2013 00:00
jueves, 17 de octubre de 2013 00:00

La justicia se encuentra abocada a la investigación del caso de apropiación de una beba denunciada por la dirección de Derechos Humanos, donde se sospecha del uso de influencias de autoridades judiciales para tomar medidas arbitrarias respecto a una adopción.
Según se pudo conocer, desde la unidad fiscal de Delitos Criminales, quienes trabajan en la investigación de la denuncia de una abuela que señala que le compraron el bebé a su hija, ya se recibieron copias de las actuaciones del juzgado de familia, cuyo accionar fue puesto en duda.
En este sentido, si bien la llegada de dichos oficios era reciente, se estudiará la documentación a los fines de corroborar si es que no existió alguna irregularidad en el proceso de adopción denunciado. De acuerdo a información que trascendió de fuentes cercanas a la investigación, ni bien se receptó la denuncia de Margarita Prystupa, abuela de la beba que hoy tiene cinco meses, se realizó un allanamiento en el domicilio en el que ella señalaba que se encontraría la criatura, con resultados negativos. Entre otras medidas, la fiscalía también secuestró la historia clínica de la recién nacida y los oficios del Juzgado de Familia que ordenaban su inmediata entrega.
Además, podría incorporarse a la causa la declaración de la progenitora de la niña, medida que se especula que los fiscales podrían adoptar.

Adjudicada al nacer

“Se habría otorgado una guardia legal, no siguiendo los pasos que son legales”, señaló al respecto el director de Derechos Humanos, Ernesto Castrelos, quien insistió en que necesitan acceder a copias de las actuaciones para establecer un juicio de valor definitivo. “En principio, la denuncia es por venta de menor. Desde la fiscalía, nos informan que estaba todo en orden, porque había una decisión de la jueza de Familia que la menor sea dada a ‘X’ personas”.
De acuerdo a lo que explican los representantes legales de Prystupa, “la jueza de Familia aplica lo que se denomina ‘medida de abrigo’, lo que entendemos que se da solamente en circunstancias extremas y excepcionales. Nos presentamos ante la jueza con la señora y mantuvimos una charla, donde nos dijo que mantenía la medida porque la menor fue entregada al juzgado por parte de la madre, y ella como jueza puede disponer dónde va el mismo, reiterando que la medida estaba fundamentada”.
De todos modos, la inquietud desde la parte denunciante radica en que no tienen constancia de que se hayan hecho los informes pertinentes a la abuela de la beba, para que se determine si ella podía quedarse con la guarda, como tampoco pueden conocer si se hicieron los mismos informes socioambientales para el caso de la familia que hoy tiene la custodia. “No sabemos si estas personas figuran en la lista de adoptantes, ni si se hicieron pericias para saber si la madre de la menor no estaba siendo forzada al momento de decidir la adopción. En teoría, habrían encargado estas pericias, pero la bebé ya fue dispuesta hace cinco meses”, explicaron.
Las sospechas de las autoridades de Derechos Humanos siguen centradas en el hecho de que, del mismo modo en que se dio dinero a la hija de Prystupa para entregar a su beba, también se favoreció a quienes hoy tienen a la menor bajo su custodia, ya que estos serían parientes de funcionarios judiciales.

Recién nacida

A finales del mes de mayo, la hija de Prystupa dio a luz en un centro de salud privado. Un día antes del parto, llegó un oficio del juzgado de Familia aclarando que la bebé quedaría a su disposición. Al día siguiente, mediante otro oficio, la recién nacida fue adjudicada a una familia.
El hecho fue denunciado en septiembre por la abuela de la menor.

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