El subsecretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, impulsa un proyecto para que la Justicia de la provincia intervenga en casos en los que se produzca la entrega, suministro o facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis; casos en los que hasta este momento, en Catamarca, son arbitrados por parte de la Justicia Federal.
En diálogo con El Esquiú.com, el funcionario explicó que considera que sería un avance en materia de seguridad, teniendo en cuenta al recurso humano disponible en cada una de estas esferas; y los antecedentes con resultados positivos obtenidos por las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
En este sentido, Morales agregó que para concretar este proyecto, “sería necesaria la incorporación de más recursos humanos a las fuerzas de seguridad y de más tecnología”, más allá de un lógico reordenamiento en el sistema de Justicia actual.
“Así como fondos destinados a este objetivo, se necesitaría designar a un fiscal en particular para que entienda en estas causas”, manifestó, indicando que en el caso de Córdoba se creó un juzgado con especial competencia en delitos relacionados con la droga y que desde que se implementó el cambio de competencias; desde diciembre de 2012 hasta el día de la fecha; se desbarataron 294 kioscos de venta de drogas.

Implementación

Con respecto a la implementación de estos cambios, el subsecretario de Seguridad anticipó que mantendría una reunión con el Procurador de la Corte con el objetivo de dirimir responsabilidades en cada una de las órbitas competentes.
“Como política de seguridad pública, creo que sería un paso adelante, especialmente teniendo en cuenta que la Justicia Federal es muy amplia en las competencias que abarca”, aseguró, haciendo hincapié en que a partir de la adhesión a la desfederalización; se necesitaría que se giren fondos específicos para esta área en pos de la concreción de estos cambios.

Leyes

La ley 26052, denominada la “Ley Nacional de Estupefacientes” fue reformada en 2005 y en su artículo 5 y el 34 de la misma, prevé la desfederalización del control de delitos relacionados al narcotráfico, cuando estos estén fragmentados y listos para el consumo directo al público.