Durante el transcurso de la semana entrante, la Justicia liberará el edificio donde funcionaba antes la Alcaidía de Menores para que pueda ser reacondicionado y utilizado para el alojamiento de jóvenes en conflicto con la ley.
Aunque no se conoce el día de la entrega, trascendió que restaría documentar las condiciones en que se devolverá el edificio, con fotografías adjuntas y material fílmico.
Más de un año y cinco meses transcurrieron desde el trágico incendio que truncó calamitosamente la vida de cuatro adolescentes, como corolario de años de desinterés por el resguardo de menores en conflicto con la ley. Ahora, los fiscales que instruyen la causa, Marcelo Sago y Miguel Mauvecín, pertenecientes a la Unidad de Delitos Especiales, resolvieron que no es necesario que el edificio de avenida Colón y calle Buenos Aires continúe cerrado.
La decisión llega en un momento clave, cuando el Centro de Recepción de Menores que depende del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra al filo del desborde, luego de que trascendieran diversos episodios de fugas, intentos de suicidio y menores durmiendo en el comedor por falta de colchones ignífugos.
La Alcaidía de Menores será entregada al gobierno y a partir de allí se mantendrán reuniones con diferentes organismos y con los jueces de Menores a los fines de determinar cuáles son los reacondicionamientos que se deben llevar a cabo para que vuelva a funcionar.
En este sentido, la investigación realizada por los fiscales a causa de la muerte de Franco Sosa, Franco Nieva, Nelson Molas y Nelson Fernández determinó a las claras que el inmueble no contaba con un sistema contra incendios mínimamente aceptable. No había colchones ignífugos ni detectores de humo y si bien había una manguera de tela como la que usan los bomberos para sofocar siniestros, ésta no contaba con la presión adecuada para tal fin por falta de una bomba. Estos deberían ser los primeros detalles a sanear, seguidos de la extracción de las rejas que tenían los cuartos, a raíz de las cuales los menores estaban encerrados como en un calabozo ordinario y que a su vez impidieron que el personal del lugar pudiera ingresar a socorrer a los jóvenes.
El ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, en el marco de una visita a la Alcaidía había manifestado que la intención era refaccionar el edificio para crear un espacio “donde los menores que estén privados de su libertad puedan realizar actividades de esparcimiento y no estén pensando permanentemente en la situación de encierro”.

Causa

En cuanto a la causa que busca a los responsables de que los cuatro jóvenes fallecieran, se desdobló en tres. Por un lado, los cinco efectivos que se encontraban allí ya fueron enviados a juicio por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”. Respecto de las ex juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, éstas deslindaron responsabilidades aún cuando salió a la luz que los menores llevaban siete días encerrados y se aguarda por la elevación a juicio de las exmagistradas. Por otra parte, la defensa del exministro de Gobierno, Javier Silva, quien era investigado por las condiciones en las que estaba el edificio, pidió el archivo de la causa por considerar que no tiene responsabilidad ante lo ocurrido.