Para el abogado Víctor Pinto, aplicarle la prisión preventiva a su defendido Mauro Orce sería una decisión arbitraria que iría en contra del sistema garantista.
Hasta el momento, el joven es el único imputado por el crimen cuya víctima fue la psicóloga María Eugenia Rojas, quien fue encontrada sin vida en su departamento, luego de que el asesino intentase sin éxito incendiar el lugar.
El pasado 11 marzo, los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales, Marcelo Sago y Miguel Mauvecín, solicitaron al juez de Garantías la prisión preventiva del sospechoso, sobre la cual la defensa de Orce, encabezada por Pinto y Pedro Vélez, presentó una oposición.

Vicios

En diálogo con El Esquiú.com, Víctor Pinto indicó que “existen serios vicios en el procedimiento judicial llevado a cabo hasta este momento, los cuales fueron expuestos en el escrito de oposición”, pero además remarcó que existe un “arbitrario pensamiento” por parte de la fiscalía interviniente en cuanto a las motivaciones por las cuales aseguran que debería dictarse la preventiva.
El letrado manifestó que según se desprende del pedido de preventiva, los fiscales entienden que es necesario mantener la privación de la libertad del imputado en base a que aún no se logró sustanciar todo el caudal probatorio en su contra. Esto se traduce en los exámenes de ADN que fueron enviados a la provincia de Jujuy, los requerimientos nacionales e internacionales en relación al teléfono celular de Rojas y la información a obtener del sistema de intercomunicación “WhatsApp”.
También se encuentra pendiente y en curso de realización o trazado el perfil psicopatológico del imputado.
En virtud de ello, Pinto señaló que “si afirman (los fiscales) que existen pruebas pendientes de producir entidad suficiente para provocar un giro en las investigaciones, es inadmisible ordenar una detención para esperar el arribo de las mismas. En otras palabras, no se puede detener para luego investigar”.
El letrado sostiene que esto constituye un claro ejemplo de “primitivismo judicial, que creíamos superado en la actual evolución de las ciencias penales, ya que ello violenta todo el sistema garantista establecido en nuestra Carta Magna, puesto que infringe el debido proceso legal y el derecho de defensa de un ciudadano al que de manera arbitraria no se le respetan sus derechos”.

Otros sospechosos

Finalmente, si bien se mostró favorable a que el juez de Garantías modere los efectos de la situación, remarcó que dejar a Orce en el Servicio Penitenciario, donde se encuentra desde el lunes, sería una determinación “inaceptable, por arbitraria e ilegítima”.
El abogado señaló que “si de estado de sospechas se trata, en la misma situación están los otros mencionados en la causa”, haciendo referencia a otras personas que también son investigadas por el hecho. “En todo caso, existen medidas sustitutivas de la detención y ahora de la prisión preventiva, que debieron y correspondía adoptar ante la gravedad de una privación de libertada, dictada a contrapelo de la normativa vigente”, concluyó.