Una insólita situación se produjo ayer en el Correccional de Mujeres, cuando una oficial impidió el accionar de un funcionario del juzgado de Ejecución Penal, dejando al descubierto el desconocimiento de leyes y facultades por parte de las encargadas del lugar. Además, las condiciones en las que se encuentran las internas serían totalmente degradantes y no cumplirían con los requisitos mínimos estipulados por las legislaciones vigentes.
Durante la mañana, el secretario del Juzgado de Ejecución Penal Eugenio Acs Acuña arribó al edificio por directiva de la jueza Alicia Cabanillas, a los fines de entrevistarse con algunas de las internas y sacar fotos para ilustrar las recomendaciones que se hacen al Poder Ejecutivo. Sorpresivamente, cuando recorría las instalaciones, una oficial identificada como María Castro, quien está a cargo del correccional, le indicó a Acuña que no podía sacar fotos, debido a que había recibido una orden del director Miguel Ángel Pioli donde se le indicaba que antes debía pedir una autorización. Según trascendió, antes de generar una situación de tensión entre reclusas y guardiacárceles, desistió de continuar con lo encomendado y se retiró.
Precisamente, ningún juez, sobre todo si se trata del Juzgado de Ejecución Penal, debe pedir autorización para ingresar a los lugares donde personas se encuentren recluidas.
Consultada al respecto, Cabanillas remarcó a El Esquiú.com la gravedad institucional de lo acontecido: “No hay precedente, los magistrados tienen facultades y se obstaculizó el cumplimiento de una medida judicial encaminada a remover la actual situación de hacinamiento”.
En este sentido, el Correccional de Mujeres se encontraría en grave contravención de lo que regula la ley y no reuniría siquiera las condiciones mínimas exigidas. Según se pudo conocer, en tres dormitorios se encuentran hacinadas 20 internas, entre las cuales no se hace distinción de procesadas y penadas. Las mujeres duermen amontonadas en las piezas, donde se echa llave a rejas de hierro, puertas de por medio.
El lugar estaría poblado de cucarachas y carente de cuestiones elementales como el agua caliente. Por si fuera poco, el patio donde las mujeres realizan ejercicios tendría una dimensión irrisoria.
“El Juzgado debe velar por la seguridad de esas personas y se le ha prohibido el uso de sus facultades. El señor Pioli ha desconocido una decisión mía, más allá de que haya ido mi secretario”, señaló la magistrada.
Según se indicó desde el Juzgado, las irregularidades en cuanto a las condiciones del lugar ya fueron señaladas en numerosas ocasiones con conocimiento del Poder Ejecutivo.

Sin educación

“En el lugar no hay escuela, es un derecho de las internas poder estudiar, en este sentido ellas tienen los mismos derechos y obligaciones de los varones”, remarcó Cabanillas, haciendo referencia a la obligación de brindar las herramientas para que todos los detenidos puedan cursar estudios.
Según se explicó, tanto el secretario por la mañana, como la propia jueza por la tarde, desistieron de la toma de fotografías para no generar dentro del contexto de encierro una situación de tensión. De todas maneras, recordaron que anteriores informes fueron enviados al Ejecutivo acompañados de fotografías ilustrativas sin que existiera ningún problema. De hecho, se realizaron cambios en pabellones del Penitenciario de Miraflores a raíz de los mismos.
En virtud de lo sucedido, se estarían labrando actas en el Correccional de calles 1º de Mayo y Corrientes, por el avasallamiento o el desconocimiento de la competencia del Juzgado de Ejecución Penal.

Pasado repetido

La jueza de Ejecución Penal, Alicia Cabanillas, señaló que se vienen advirtiendo desde hace tiempo las falencias en las instalaciones. “Desde ahora en más es responsabilidad del Servicio Penitenciario todo lo que pueda llegar a ocurrir en el Correccional. Se advirtió, se emplazó, pidieron prórrogas y se vencieron. Nada cambió, es la misma situación que presentaba la Alcaidía de Menores”.