El sacerdote Justo José Ilarraz tiene prohibido salir del país. Lo ordenó el juez de Instrucción de Paraná, Alejandro Grippo, quien lo investiga por el delito de corrupción de menores agravado, según informaron voceros tribunalicios.

El religioso es sospechoso de haber abusado sexualmente de al menos 50 chicos y adolescentes cuando estaba al frente del Seminario Menor de la capital entrerriana entre los años 1984 y 1992.

Ilarraz se encuentra en una vivienda de San Miguel de Tucumán desde septiembre del año pasado, cuando la causa tomó estado público y abandonó la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el barrio Ñuñorco de Monteros. Todavía no habría sido notificado por el magistrado para presentarse a declarar.

Grippo rechazó la semana pasada el pedido de prescripción de la causa, tomando como base la legislación internacional a la que adhiere nuestro país, argumentando que los delitos habrían sido cometidos contra menores de edad que estaban bajo el cuidado de Ilarraz.

En secreto

El caso, que tomó estado público hace ocho meses, nunca fue comunicado por la curia a la Justicia ordinaria y se mantuvo en el más estricto secreto hasta que algunas supuestas víctimas del cura decidieron presentarse en los estrados judiciales.

Ilarraz fue un estrecho colaborador del ex arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Karlic, actualmente integrante del Colegio Cardenalicio del Vaticano. En 1995, Karlic dispuso una investigación diocesana para esclarecer el hecho. En esa ocasión se escuchó el testimonio de algunas presuntas víctimas de los abusos sexuales, pero el caso nunca fue denunciado ante la justicia ordinaria por las autoridades eclesiásticas.

En aquel entonces, el cura Ilarraz fue enviado al Vaticano por el propio Karlic y, al regresar, se distanció un tiempo del sacerdocio y se radicó en Buenos Aires. Más tarde, se trasladó a Tucumán, donde la iglesia no tuvo en cuenta las denuncias y lo designó párroco en Monteros,. Allí el padre ejerció su tarea parroquial, en el Sagrado Corazón de Jesús, hasta que estalló el escándalo, en septiembre.

La Gaceta