Varias fueron las repercusiones luego de que El Esquiú.com publicara en su edición anterior sobre la resolución del juez de Garantías que dictaminaba la nulidad de varios decretos de determinación y de la requisitoria de elevación a juicio, instando a los fiscales a seguir investigando y rehacer algunas indagatorias.
Según se pudo profundizar, la determinación de los hechos tercero, cuarto y quinto tendrían una plataforma fáctica igual. En un régimen jerárquico verticalista, como lo es la institución policial, cada efectivo tiene un papel que cumplir. Por ello, siendo que las responsabilidades penales no son colectivas ni de grupo sino individuales, la defensa de los agentes imputados, encabezada por el letrado Víctor Pinto, esgrimió que la determinación realizada por los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales, Marcelo Sago y Miguel Mauvecín, no era acorde con lo exigido por la ley.
De modo similar se expidió el magistrado Ramón Porfirio Acuña, quien en su nulidad señala que existe “una clara omisión”, ya que no están expresados los roles que por jerarquía y responsabilidad funcional le correspondía en la emergencia del suceso a cada uno de los funcionarios involucrados dentro del marco normativo. Además, el magistrado hace alusión al “tratamiento colectivo, conjunto e indiviso de todos los funcionarios traídos al proceso, unificando las conductas de los mismos en un solo bloque, por la sola circunstancia de integrar el servicio de guardia de la Comisaría”. Ello indica que no puede establecerse ni qué hicieron ni qué debía hacer cada efectivo en ese momento. Sago y Mauvecín apelaron ayer el fallo de Acuña, por lo que el expediente pasará a la Cámara de Apelaciones.

“No puede ser”

El primero en tomar la palabra al respecto fue Alejandro Pachao, el padre del joven que murió en marzo del año pasado luego de estar alojado en la Comisaría Séptima, donde presuntamente fue llevado por una pelea. Consultado al respecto, el hombre manifestó que “desde un comienzo se sabe que los asesinos de mi hijo son los efectivos de la Séptima”.
“Desde la fiscalía debería haber salido una carátula mínima de homicidio agravado para estos asesinos, que están trabajando libremente como si nada”, dijo Pachao, quien se mostró optimista con lo dictaminado por Acuña: “Ojalá las cosas cambien, si ha vuelto (el expediente) es porque el juez está viendo las irregularidades que estoy gritando todos los días desde la plaza. No puede ser que quieran condenar a dos pendejos que no tienen nada que ver con la muerte de mi hijo, a esos chicos Leiva”.
Pachao sostiene desde hace tiempo que existe una intención de esconder los excesos que habrían cometido los policías en la detención de su hijo: “No es posible que se dediquen a trabajar para encubrir únicamente, más de una vez le dije llorando a la fiscal Milagro Vega que estos señores tienen todas las pruebas a mano. Si lo dejaban un minuto más mi hijo moría en esa comisaría, pero se lo llevaron a que muera en el hospital. Hay declaraciones de arrestados que no las pidieron porque no favorecen a los policías; el doctor Gallo Canciani certificó que cuando entró a la Comisaría Diego estaba en perfecto estado. Si este expediente volvió es porque el juez quiere que vayan con la caratula que corresponde”. “A mi hijo me lo entregan descalzo, sin remera, con la cabeza abierta y todo ensangrentado, eso no puede ser, se supone que la policía lo tiene que cuidar”, finalizó.

“Rigor físico”

De acuerdo con el requerimiento de citación a juicio, los policías habrían incurrido en “un trato humillante y un excesivo rigor físico” mientras Pachao estaba en la seccional. El mismo según los fiscales consistió en tirarle agua, presionar con sus dedos una herida que tenía en su cabeza, aplicarle leves puntapiés en el cuerpo para que despierte mientras lo habían dejado tirado en un patio interno de la dependencia y no prestarle la debida asistencia ni hacerlo revisar con el médico.