La causa por el trágico incendio acaecido en el edificio de Alcaidía, donde cuatro menores de edad murieron en una celda, deberá seguir investigándose y aún no podrá ser juzgada. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones, que falló en conformidad con lo dispuesto el año pasado por el Juez de Control de Garantías Nº 3, Ramón Porfirio Acuña.
Luego de que los fiscales de la Unidad de Delitos de Investigación Especial resolvieran dar por concluida la etapa de investigación penal preparatoria, enviaron a juicio a los cinco policías que se encontraban presentes el día del luctuoso episodio.
Sin embargo, de un modo similar a lo que ocurrió con la causa por la muerte de Diego Pachao, la decisión fue apelada por la defensa de los imputados, esgrimiendo que no estaba clara la participación de cada acusado.
El juez de Garantías hizo lugar y decretó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y luego los fiscales apelaron. Aunque recién tomó estado público ahora, las actuaciones fueron devueltas a los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecín hace una o dos semanas, a los fines de modificar las cuestiones señaladas.
Consultado al respecto, el juez Acuña desdramatizó la situación manifestando que las correcciones son “algo muy natural”. “Se trata de un tecnicismo procesal, no está determinada la conducta de cada uno, el requerimiento debe decir cuándo, cómo, dónde y de qué manera se comete el delito para cada caso. Es una cuestión de contenido para que los acusados también puedan defenderse, sino es una imputación en el aire”, señaló el magistrado.
“Los fiscales se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, para ello el sistema va poniendo filtros y controles, todo es preparatorio para el juicio”, agregó.
Cabe recordar que los policías imputados son el Oficial Sub Inspector Juan Carlos Reyes, el sargento Primero Adrián Mansilla, el sargento Luis Leiva, la cabo Adriana Galván y el agente Carlos Leiva, quienes están acusados de homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales.

Una aberración

En su momento, el incendio de Alcaidía fue calificado como “aberrante para los derechos humanos”. El pasado 9 de septiembre de 2011, los menores Franco Nieva, Nelson Molas, Nelson Fernández y Franco Sosa se encontraban en el interior de una celda del edificio de Buenos Aires y Capital Federal, cuando por motivos desconocidos, apilaron colchones contra los barrotes y desataron un foco ígneo en el interior tras el cual perdieron la vida.
Lo irregular de las detenciones, las pésimas condiciones edilicias y la negligencia de algunos funcionarios derivaron en numerosas renuncias y otras imputaciones, además de las acciones civiles aún en curso.