Segundo debate por delitos de lesa humanidad en Catamarca

Comenzó con polémica el juicio por la Masacre de Capilla de Rosario

La defensa de los militares pidió la nulidad de todo el proceso y acusó a Santos Reynoso de ejercer con un título “trucho”.
lunes, 6 de mayo de 2013 00:00
lunes, 6 de mayo de 2013 00:00

En lo fue considerado un desesperado intento por suspender el juicio en contra de los tres militares acusados de ser los responsables del fusilamiento de 14 guerrilleros ocurrido en agosto de 1974, en la llamada “Masacre de Capilla del Rosario”, el abogado Luicio Montero acusó al fiscal federal Santos Reynoso de no poseer un título de abogado y ejercer su cargo ilegítimamente. Fue uno de los planteos con los que el abogado trató de suspender el segundo debate por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Catamarca.
La grave denuncia en contra del funcionario catamarqueño fue expuesta una vez que se concluyó con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, en momentos en que Montero, defensor de los ex militares, Mario Nakagama, Carlos Eduardo Carrizo Salvadores y Jorge Exequiel Acosta, solicitó la nulidad de la causa.
Por una parte, el letrado indicó que no era procedente que el ex militar Acosta sea sometido a juicio en la provincia, ya que, al mismo tiempo está siendo juzgado en Córdoba, y no tendría la posibilidad de defenderse.
A su vez, Monteros expresó que el Estado no debería conformarse como querellante en esta causa, ya que, precisamente, sus defendidos respondían a las órdenes del Estado cuando accionaron en contra de los “subversivos”.
Otra denuncia que hizo Monteros fue en contra de que Mirta de Clérici, Guillermo Díaz Martínez y el resto de los denunciantes, a quienes acusó de haber conformado una asociación ilícita con fines de llevar adelante una estafa procesal nacida a partir de “un afán desmedido de venganza” y que “manipuló dolosamente los hechos”, para que éstos sean enmarcados en lo que la ley concibe como delitos de lesa humanidad.
En este punto de su alocución, Monteros puntualizó que el hecho que se está ventilando fue nada menos que un “enfrentamiento circunstancial con terroristas armados”, y finalizó poniendo en duda la legitimidad de quien llevó adelante la instrucción de la causa, el fiscal Santos Reynoso, a quien acusó de no poseer título de abogado.

Rebatidos y rechazados

Luego de los planteos expuestos por la defensa, el Tribunal de la Cámara decidió pasar a un cuarto intermedio hasta las 14, momento en que los querellantes expusieron sus argumentos, desestimando los planteos de nulidad solicitados.
Es así que el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Orosz, acompañado por Guillermo Díaz Martínez, rebatió punto por punto cada uno de los cinco planteos presentados por Monteros.
En su exposición, el abogado querellante indicó que los argumentos de Monteros no son más que una estrategia pergeñada para tratar de engañar al Tribunal y a la Fiscalía, y solicitó que sean rechazados. Incluso, aseveró que estos planteos deben ser considerados como injurias y calumnias, y por tratarse de nulidades parciales, deberían haber sido señaladas en la etapa de instrucción.
Por su parte, el representante de la Fiscalía General de la provincia, Leonardo Berber, adhirió a los argumentos expuestos por Orosz, considerando que los planteos defensivos son un “artilugio para apartarse del proceso”.
El Tribunal, ante esto, decidió rechazar los planteos en su totalidad y pasar a un cuarto intermedio para el lunes 20 de mayo para cuando se espera la indagatoria de los imputados.

Las partes

En el juicio que tendrá su continuidad el próximo 20 de mayo, las partes se encuentran representadas de la siguiente manera:
Los imputados y acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad:
- Mario Nakagama.
- Carlos Carrizo Salvadores.
Están representados por el abogado defensor Lucio Monteros.
- Jorge Ezequiel Acosta (el único que por encontrarse respondiendo ante un tribunal cordobés por otros delitos, no está presente en la sala de debates), es representado por el abogado Viola.

La Querella:
Conformada por los representantes de Secretaría de Derechos Humanos de la nación, integrada por Guillermo Díaz Martínez y el abogado cordobés Claudio Orosz, quienes además representan a familiares de algunas de las víctimas que fallecieron en la masacre; y la Fiscalía General de Estado de Catamarca, conformada por Leonardo Berber y Gabriel Romero.

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