Ana Lucía Chanampa (32), quedó privada de la libertad luego de que el juez de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro, le confirmara la detención. La mujer está imputada por un total de 60 hechos de estafa y se especula que hay otros 30 casos que aún no fueron denunciados en la Fiscalía de esa jurisdicción, donde ya fue enviada a juicio por otros hechos similares.
La detención de Chanampa se produjo la semana pasada, luego de que se recibieran nuevas denuncias en su contra por parte de damnificados. La mujer, que viene siendo investigada desde el año pasado, se presentó espontáneamente y quedó detenida. Posteriormente la reconocieron en rueda de personas. Actualmente, la mujer permanece en el hospital de Andalgalá -dado que no hay lugar en condiciones para mantener detenidos en esa jurisdicción-.
Chanampa era empleada de un negocio de venta de motos, pero desde hace algún tiempo dejó de ir a trabajar, aunque siguió contactando a los clientes de la firma, de los que luego habría logrado obtener la documentación necesaria para las maniobras. Si bien la modalidad con la que operaba no fue siempre la misma, en general consistía en que al comprador le pedía un adelanto para la entrega de una motocicleta, o bien se le recibía su rodado usado, el cual era vendido, y por el saldo le ofrecía un crédito en el Banco Columbia con sede en Buenos Aires, pero el monto del empréstito salía por más del doble del importe solicitado.
Asimismo, la imputada también se habría valido de la documentación de los clientes para sacar un segundo crédito otorgado por una Mutual de Jubilados por igual monto y para la misma moto. Además, al “beneficiado” se le adjudicaba una tarjeta de crédito que nunca se habilitaba pero que sí recibía consumos en general de unos 500 a 800 pesos mensuales. Las motos carecían de papeles ya que, mientras a los damnificados se le descontaban las cuotas de sus haberes, las casas de créditos los intimaban a pagar.
Hay casos en que los afectados luego de pagar todo, jamás recibieron el vehículo.
El negocio que era de venta al público sobre calle Pérez de Zurita, a metros de plaza principal, contaba con habilitación municipal e inscripción en la AFIP. Por ello, los vecinos realizaron operaciones de buena fe y terminaron endeudados con tarjetas de créditos, préstamos bancarios y en mutuales. Además, sufrieron la pérdida de los vehículos que habían dado en parte de pago y el dinero adelantado que se les solicitaba.
El expediente tiene seis cuerpos con miles de fojas. La investigación es llevada a cabo por la fiscal Martha Nieva, y según la documentación y los testimonios que se están recabando, no se descarta que haya más personas involucradas en los hechos, ya que se sospecha que Chanampa debió actuar en complicidad con otras personas de las entidades crediticias que hicieron pasar la documentación adulterada con la que se llevaron a cabo las operaciones.