A principios de la semana pasada ingresó a Tribunales una dura demanda contra el Estado y un fiscal de instrucción, aunque las ramificaciones del caso podrían alcanzar a todos los involucrados en el proceso. Es el caso de un hombre que busca un resarcimiento luego de haber sido puesto en prisión durante casi dos años, acusado de abusar sexualmente de una menor, hecho del que fue absuelto.
El 10 de agosto de 2009 el ahora demandante, un hombre de apellido Delgado, fue denunciado por la madre de una menor de edad, quien lo acusó de someter sexualmente a su hija. De acuerdo a lo que rezaba la acusación, Delgado, quien vive en el paraje Ampujaco en el departamento Belén, llegó hasta el domicilio de la víctima en su camioneta, tocó la bocina y cuando ésta salió la tomó por la fuerza y la ingresó al vehículo. El hombre habría trasladado contra su voluntad a la menor hasta un arroyo cercano, donde por la fuerza la desnudó y la sometió a sus bajos instintos.
Desde ese momento, cuando comenzó la investigación por parte del fiscal de aquella circunscripción judicial, Jorge Flores, se ordenó el arresto de Delgado, quien pasó luego a calidad de detenido y más tarde siguió con prisión preventiva.
En ese estado pasó casi dos años, mientras la causa era elevada para su debate. Finalmente, dos días antes de completar el plazo contemplado por la ley para el cese de la prisión preventiva, recién se inició el juicio oral en su contra.

Errores y peloteos

Según relata Delgado a través de su asesor legal, el letrado Víctor Pinto, durante el tiempo que duró la instrucción, todos los esfuerzos llevados a cabo para revertir su situación procesal fueron estériles. “Todas las instancias se convirtieron en ‘instancias confirmatorias’, utilizando el recurso fácil de ir confirmando los dictámenes o resoluciones que se dictaban y pasando la pelota –dispénsese la vulgaridad para graficar lo acontecido- a los superiores para que éstos se encargaran de resolver”, asegura la demanda.
En la misma tónica, señala que los errores y desaciertos de los encargados de la investigación fueron innumerables.
Entre ellos, se enumeran contradicciones en los testimonios de la supuesta víctima y de ambos progenitores, otras testimoniales que no aclaraban nada de lo que se investigaba. Las huellas que pertenecerían a la camioneta del imputado no correspondían con los neumáticos de la misma.
En cuanto a la menor, la demanda expone que la misma no presentaba stress postraumático por lo sucedido. Además, las pericias médicas no habrían revelado signos de accesos carnales recientes. Al tomársele declaración, la joven habría expresado que existía una enemistad entre ambas familias.
Una vez llegado el juicio oral contra Delgado, el fiscal de la Cámara Penal de Primera Nominación optó directamente por no mantener la acusación, por lo cual el acusado salió absuelto y se ordenó su inmediata libertad.

Demanda

De acuerdo a los argumentos esgrimidos por el demandante, el padecimiento de la prisión preventiva le trajo serias consecuencias en el seno de su familia y su relación con sus amigos y vecinos, la pérdida de su trabajo, la dificultad luego para conseguir un empleo nuevo, además de otros daños psíquicos y físicos, cuya responsabilidad cae sobre quienes no supieron desarrollar con eficacia sus deberes funcionales.

Martínez de Tomassi

En 2006, el estado provincial fue condenado a indemnizar con 160 mil pesos a Sandra Carola Martínez de Tomassi, quien estuvo detenida desde abril de 1999 hasta septiembre de 2000. Sobre ella recaía la sospecha de haber ultimado a su madre de múltiples puñaladas para luego incendiar el lugar del hecho intencionalmente.
Tras ser absuelta en el debate, donde se habló de numerosas irregularidades en las pruebas presentadas, se ordenó la inmediata liberación de la mujer. No obstante, luego del año y cinco meses transcurridos en esa ocasión, Martínez de Tomassi incluso había dado a luz en su condición de detenida.