La adopción de la Covención elaborada en Nicaragua en 1994 y enviada al Congreso nacional por el Poder Ejecutivo en febrero de 2013, se da en medio de la polémica que abrió el secretario de Seguridad Sergio Berni quien reclamó la deportación inmediata de los ciudadanos extranjeros que delinquen.

De acuerdo con la Convención, aprobada el 27 de agosto pasado en la Cámara de Diputado como ley nº 26.980, "las sentencias impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales de otro Estado Parte, podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del cual sea nacional", a la vez que el país se compromete a "brindar la más amplia cooperación con respecto a la transferencia de personas sentenciadas". Para ser aplicada, se requiere además "que la persona sentenciada haya expresado su consentimiento o, en su caso, formulado la petición".

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