El juez Electoral y de Minas, Raúl Guillermo Cerda, resolvió rechazar el recurso de amparo presentado ante la Justicia por la comisario general Nilda Nélida Leguizamón, quien aseguró que su traslado al interior se debía a represalias por haber denunciado irregularidades en el parque automotor de la Policía de la provincia. 

Cabe destacar que el fallo representa el primer revés judicial de la funcionaria tras una batería de presentaciones tanto en la Justicia local como en ámbitos de la Justicia federal. 

En este caso, la resolución da cuenta de una presentación realizada por Leguizamón contra la Jefatura de Policía, que tras una resolución interna habría dispuesto su traslado a la Unidad Regional Nº 5, en la localidad de Tinogasta. 

El Esquiú.com pudo acceder en forma exclusiva a la sentencia que se notificó el pasado viernes, en la que el magistrado entiende que en virtud de las pruebas presentadas en el recurso, no se violó ningún derecho ya que el reglamento interno de la fuerza así lo establece.

Según el documento, el juez expresa que en la presentación Leguizamón menciona que el traslado obedece a una presunta “represalia” en su contra debido a la denuncia que realizó por haber advertido una serie de irregularidades en el manejo de la contratación de seguros del parque automotor de la fuerza policial, lo que -para ella- significaría la comisión de un presunto delito en contra de la administración pública.

Por su parte, desde la fuerza policial se habría argumentado que la disposición del traslado se debió a que la comisario Leguizamón ocupa el número 5 en el escalafón general, por lo que la ley orgánica Nº 4663 establece en su artículo 63 asignarle tal destino que corresponde a la Unidad Regional Nº 5. 

En este sentido, el magistrado entendió que el mencionado traslado, de acuerdo a la documentación presentada, corresponde con anterioridad a las denuncias realizadas por la funcionaria policial. 

Además, de acuerdo a la resolución del juez Cerda, en la presentación Leguizamón aseguró que su traslado afectaba un supuesto tratamiento de fertilización asistida que realiza en la provincia de Buenos Aires, aunque en las pruebas que tiene el expediente del recurso presentado el magistrado no encontró licencias por tratamientos de fertilización. 

Por todo ello, resolvió no hacer lugar a la acción de amparo presentada por la comisario general Nilda Nélida Leguizamón y finalmente dejar sin efecto la medida cautelar ordenada de fecha 28 de febrero de 2018.n