Por Rodrigo Morabito(*)

Enero de 2019, nuevamente (como en enero del año anterior) la noticia y el debate subsiguiente sobre ¿Qué hacer con los pibes que delinquen? ¡Sí, claro! Las mismas preguntas de siempre y desde hace años que vuelven a repetirse con gran eco ¿Qué hacer con los chicos que provienen de las villas, asentamientos, barrios pobres y postergados del país? ¿Qué hacer con esos que deambulan por las calles inhalando y fumando porquería? ¿Qué hacer con esos pibes que chorean, afanan o salen de caño a sitiar la ciudad y sembrar el terror? ¿Qué hacer con los pibes chorros? ¿Qué hacer?
Entonces, ante estas preguntas de siempre, aparecen las mismas respuestas de siempre, esas que todo el mundo quiere escuchar; respuestas que son demagógicas, eufemísticas y violentas; respuestas que esconden bajo la alfombra las miserias de una niñez excluida y olvidada, un desafío que el Estado no quiere ni puede enfrentar porque no vende ni suma, esa infancia respecto de la cual mira para otro lado, pero que, sin embargo, ante su desidia e ineficacia avala respuestas violentas por parte de una sociedad que en lo cotidiano suele muchas veces pensar que el ojo por ojo es la mejor opción, esas respuestas para las que el Estado presenta como única solución ¡ENCERRARLOS Y OLVIDARLOS EN LO POSIBLE CADA VEZ MÁS CHICOS!
No se trata de angelizar ni demonizar a los pibes, nadie desconoce que cometen delitos y algunos muy graves, quienes trabajamos en la justicia penal juvenil lo sabemos muy bien, no obstante, las estadísticas no se acercan en lo más mínimo a los porcentajes que podrían habilitar bajar la edad para el castigo, al delito juvenil ni siquiera es posible presentarlo como un flagelo en relación al delito adulto, así, por ejemplo, los homicidios (el delito más grave por cierto) de chicos menores de 16 años en el país no pasan del 1% del total y en lo general son delitos contra la propiedad (hurtos y robos) los que cometen. 
Por otra parte, para tener un parámetro o idea de esto que señalo, la tasa de homicidios dolosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a un estudio de campo publicado por el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de 6,57 % (puede consultarse en el sitio web del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (www.csjn.gov.ar). Concretamente, ciento noventa víctimas, y doscientos cincuenta y dos imputados identificados. Entre éstos, doce (12) menores de edad ¡SÓLO DOS NO PUNIBLES! De manera que un poco más del 4% de los homicidios dolosos ocurridos en la Capital Federal ha sido cometido por adolescentes y el 0,79 % POR NIÑOS NO PUNIBLES (por debajo de los 16 años). Cifras análogas se verificaron en los principales distritos de la provincia de Buenos Aires.
Según el trabajo de la CSJN, la mayor parte de los hechos violentos con jóvenes menores de edad involucrados no han tenido que ver con aquellas situaciones que se catalogan como inseguridad (robos con armas de fuego, secuestros extorsivos, homicidios en la vía pública, etcétera). Comúnmente, los homicidios fueron el desenlace de discusiones y riñas personales en el seno de sitios de alta conflictividad y desigualdad social.
Evidentemente, no se puede legislar el país en base a lo que ocurre solo en Buenos Aires y que aun siendo la Capital (como se puede advertir por su gran densidad de población) el número de delitos para bajar la edad es ínfimo y generalmente no responde a hechos de inseguridad.
Entonces ¿por qué se insiste en bajar la edad para castigar a los pibes? 
Pienso que el Ejecutivo Nacional debería replantearse este interrogante antes de enviar un proyecto al Congreso o, el propio Parlamento, al momento que le corresponda debatirlo, pues el Estado debería reflexionar que no es lo mismo cambiar una ley que cambiar un sistema; no da lo mismo modificar un régimen para meter más jóvenes en la cárcel que modificarlo para reducir el número de chicos menores de edad criminalizados.
La situación de la infancia en la Argentina atraviesa por momentos críticos y la PRIORIDAD por parte del Estado debe ser otra que ocuparse y preocuparse por BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD; ¡Sí, por supuesto!, la PRIORIDAD debiera ser la de garantizar el acceso de los niños a los derechos fundamentales básicos que provocan altos índices de pobreza para los niños ¡SÍ, CLARO. LA POBREZA EN ARGENTINA TIENE CARA DE NIÑO!
El Estado debería tener muy en cuenta antes de intentar BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD con estadísticas por demás insuficientes, que en el país UNO DE CADA DOS NIÑOS ES POBRE. En esto, que es trágico, muy trágico por cierto, sí existen estadísticas suficientes y firmes de organismos dedicados a la investigación de las problemáticas que involucran a la niñez (UNICEF y la UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA a través de su Observatorio de la Deuda Social).
En efecto, en un país en donde la POBREZA y la INDIGENCIA alcanza al casi 33% de la población y en el caso de la infancia ese porcentaje se eleva al 52% encontrándose aproximadamente UN MILLÓN de niños en situación de riesgo alimentario, en un país en el que seis de cada diez de esos niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los sectores más bajos y postergados llegan al último año de la secundaria y no pueden llegar a leer un texto simple, y más aún, nueve de esos diez adolescentes son incapaces de resolver un ejercicio sencillo de matemáticas ¿BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD ES UNA PRIORIDAD? 
Creo que el Estado debería reflexionar y replantearse las prioridades para con los niños, niñas y adolescentes del país, máxime cuando son estos los pibes que llegan a estar en conflicto con la ley penal y para quienes el Estado solo piensa como castigarlos aún más de lo que ya lo están debido a su desidia, pues de todas estas privaciones que sufren solo le resta privarlos de la libertad cada vez más niños y si esta fuera la solución (me refiero a endurecer la ley penal bajando la edad de punibilidad para encerrarlos en una cárcel o instituto) entonces deberíamos cambiar el viejo adagio por el siguiente: “plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo pero en vez de mandarlo a la escuela lo enviemos a la cárcel y luego de unos años lo traigamos a la sociedad como un ciudadano educado reemplazando el orden de prioridades para con ellos”.
Sin dudas, bajar la edad de punibilidad no soluciona absolutamente nada, no va a mejorar la calidad de vida de nadie y va a empeorar la situación de la niñez en la Argentina, en definitiva, bajar la edad de punibilidad es nada más y nada menos que “la crónica de un fracaso anunciado”.
En mi opinión, si se va a politizar la niñez y el sistema penal juvenil, que sea para mejorar el anacrónico sistema punitivo que ya existe desde la dictadura y sin bajar la edad de punibilidad, que sea para cambiar la imagen de ser el país más cruel y con mayor número de condenas internacionales en materia de infancia (cuatro en total), que sea para darles mayor garantías a los niños en los procedimientos penales y respuestas a las víctimas con posibilidad de alternativas, que sea para dar una respuesta y que no se vea como la solución porque esa solución pasa por otro lado.
Si se va a politizar la niñez en Argentina que sea para mejorar y no para empeorar su situación más de lo que ya está, porque como decía el gran Nelson Mandela “CUALQUIER SOCIEDAD QUE NO SE OCUPA DE SUS NIÑOS NO ES UNA NACIÓN EN ABSOLUTO”.         

(*) Juez de Menores de
 Catamarca. Miembro de la Asociación Pensamiento Penal.