Las últimas estadísticas del SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena) del año 2018 informan que desde la década del noventa existe una tendencia sostenida en el crecimiento de la población penitenciaria. Más allá de algunos períodos de leves bajas o amesetamiento, como 2006 y 2007, cada año se registra un crecimiento de personas privadas de libertad en unidades de detención. 

Durante 2018 hubo un incremento de la tasa de población penitenciaria del 10% en relación con el período anterior, pero del 55% en relación con 2008 y 94% en relación con 2001. Como se podrá advertir, el mito acerca de que los presos entran por una puerta y salen por la otra es un gran mito que se desmitifica con estos datos estadísticos, en el país se mete presa a las personas cada vez con mayor asiduidad.

Otro dato de relevancia es el de los niños que se encuentran cumpliendo condena siendo inocentes, me refiero a los niños y niñas que nacen y crecen en los establecimientos carcelarios debido a que su madre cumple condena.

Actualmente, existen 162 casos de mujeres presas que viven con sus hijos en los establecimientos penales penitenciarios; con todo lo que ello implica para el crecimiento nocivo de esos niños en una cárcel y la incertidumbre de su futuro. Aquí, el Estado debe buscar alternativas a la no prisionización de esos niños y trabajar fuertemente en su protección integral con sustento en su interés superior. 

En nuestra provincia, existe un total (siempre según las estadísticas) de 555 personas presas. En relación con los hombres, la población carcelaria data de 370 condenados y 166 procesados (personas sin condena), mientras que la población femenina es de 14 condenadas y 5 procesadas. 

Sin dudas los hombres superan a las mujeres y la franja etaria mayormente privada de libertad se da entre los 25 y 34 años. En cuanto al nivel de educación recibido, la gran mayoría solo llega al primario completo (35%), mientras que el 25% ni siquiera llega a cumplir con el nivel básico primario de educación, o sea que el 60% de la población carcelaria tiene un gran déficit en la formación educativa de la que seguramente han padecido y carecido durante su infancia.

Si se toman en cuenta la cantidad de detenidos por año, puede decirse que la tasa ha crecido notablemente entre 2008 (6 detenidos) y 2018 (con 132 detenidos). Nuevamente me pregunto ¿lo de las puertas giratorias es un discurso facilista? ¡Sin dudas que sí!

Los delitos que más se cometen en nuestra provincia siguen siendo aquellos que atentan contra la propiedad (hurtos y robos) con una cantidad de 181 personas detenidas por ello, mientras que los delitos contra la integridad sexual son los que abundan en segundo lugar (154 personas condenadas), un serio problema que aqueja a la provincia, con mayor razón si su ámbito de comisión se produce puertas adentro del hogar (intrafamiliar) y contra niños, niñas y adolescentes.

Respecto de los niveles de reincidencia, solo 13 personas responden a estos parámetros, lo cual es otro mito que el que sale de la cárcel siempre vuelve a delinquir. 

Finalmente, trabajan en el establecimiento carcelario provincial 503 personas (miembros de las fuerzas penitenciarias) con respecto a 536 personas privadas de libertad; algo así como una persona por preso, sin dejar de tomar muy en cuenta los distintos destinos y actividades que realizan en su labor diaria, mientras que en el caso de la cárcel de mujeres trabajan 50 personas por sobre 19 mujeres alojadas. 

Sin dudas, resta determinar cuánto cuesta presupuestariamente al Estado una persona presa. Por ej., en la provincia de Buenos Aires aproximadamente como $50.000 por persona detenida según un sondeo realizado por la Asociación Pensamiento Penal, lo cual demuestra que las cárceles son caras para el Estado, sin embargo por la situación en la que se encuentran estos establecimientos en el país, resta verificar si respecto de estos recursos existe una mala administración. 

Una vez más, las estadísticas desmitifican mitos respecto de la cárcel y los presos, sin embargo, se debe trabajar enérgicamente en la PREVENCIÓN atacando las causas (sociales y de salud por consumo de drogas) que generar el delito y sus efectos.