El Tribunal Oral Federal condenó ayer a dos años de prisión en suspenso a Ana Laura Ahumada, una mujer que se desempeñaba como preceptora en una escuela y a causa de esto tuvo acceso a la documentación de una docente, con la que sacó créditos y compró electrodomésticos. 

Los jueces la encontraron culpable del delito de “estafa y adulteración de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas en concurso real, en tres hechos” y por lo tanto se indemnizó por daño moral a la víctima,  Beatriz Eugenia Arias, con la suma de $50.000, que deberá abonar próximamente.

A su vez, los jueces Juan Carlos Reynaga, Adolfo Guzmán y Enrique Lilljedahl decidieron que la condenada realice tareas comunitarias cinco días a la semana, aunque no se especificó en qué institución.

Cabe mencionar que durante los alegatos, la representante del Ministerio Público pidió que Ahumada sea condenada a una pena de 4 años de cumplimiento efectivo.

“Gente mala”

Cabe mencionar que en el año 2013, Arias comenzó a recibir llamados telefónicos de distintos comercios locales, exigiendo que pague sumas relacionadas con objetos y préstamos en efectivo que ella no había adquirido.

Investigando lo sucedido, se dio con que su compañera había modificado la documentación de su legajo para llevarla a estos lugares y presentarse como ella, haciéndose con esos bienes sin poner un peso.

“Fueron seis años y medio en los que yo callé esta situación, pero ahora puedo vivir en paz, pero todo esto me afectó mucho la salud. Hoy la Justicia demostró que hay gente mala”, reflexionó la damnificada al término del debate en Catamarca en Cana.
“Yo recibía intimaciones y me veía involucrada en hechos que no tenían nada que ver y vengo desde ese año con los debates que se suspendían. Agradezco a toda la gente que me apoyó”, dijo la mujer, aunque añadió que “nunca pretendí la prisión para ella, porque esta mujer tiene hijos. Era una compañera de trabajo, no una amiga, pero yo hubiera preferido que ella me hubiese pedido si necesitaba algo”.

Cabe mencionar que la causa tuvo su inicio en 2013 y cuando ambas mujeres prestaban servicios en la Escuela Provincial de Teatro Juan Oscar Ponferrada.