Los administradores de justicia de la Segunda Circunscripción Judicial de Andalgalá recibieron un severo llamado de atención luego de haber intervenido en una causa por un presunto abuso sexual en el que habrían cometido serias irregularidades.

Se trata del juez de Control de Garantías Rodolfo Cecenarro, la fiscal Marta Nieva y el secretario de la Fiscalía, Alejandro Scidá, quienes habrían detenido a una persona e imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante” y luego le confirmaron la prisión preventiva.

La sanción fue impuesta por el tribunal de la Cámara de Apelaciones, quienes consideraron que se violaron los derechos y garantías del debido proceso, por lo que anularon las actuaciones y dispusieron la libertad del encausado, sin cuestionar la veracidad de los hechos que se investigaban.

La causa llegó hasta el tribunal de alzada, luego de que el abogado defensor cuestionó la recepción de la declaración de la supuesta víctima, una jovencita de 17 años, quien en realidad, según los magistrados de la Cámara, debía ser tomada bajo juramento. Este acto, de acuerdo a la información suministrada por fuentes judiciales, fue realizado por el fiscal subrogante Alejandro Scidá.

No obstante, el juez Cecenarro habría confirmado la prisión preventiva para el encausado, teniendo en cuenta la declaración de la víctima, la cual fue declarada nula por los jueces de la Cámara de Apelaciones, por ende este acto también resultó nulo.

Otro hecho llamativo que causó perjuicio a una supuesta víctima y a un victimario que esperan una correcta administración de justicia, tal y como lo mencionan en su resolutorio los magistrados de alzada, es que cuando se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva, quien acudió fue el fiscal Alejandro Scidá, a pesar de que ya estaba en funciones la fiscal Marta Nieva, trasgrediendo el orden de subrogancia y violando las garantías constitucionales del debido proceso.

Vale destacar que los hechos cuestionados a los funcionarios judiciales tienen netamente carácter jurídico, sin perjuicio de los hechos, que se investigan bajo estricto hermetismo.