El interrogante no es para nada irónico, muy por el contrario, es una pregunta que debemos interpelarnos cada día en nuestro país.   
Durante el año 2018, un estudio elaborado por UNICEF Argentina, señaló que el 48% de las niñas, niños y adolescentes está bajo la línea de pobreza, y que casi la mitad de ese total afronta “PRIVACIONES SEVERAS” vinculadas con cuestiones como vivienda (vivir en una zona inundable y cerca de un basural) y educación (no haber ido nunca a la escuela entre los siete y los 17 años),   sumado a que en determinados lugares del país, muchos de estos niños viven en zonas rurales e inhóspitas tan alejadas de la realidad cotidiana de una zona urbana que la posibilidad de ver concretados algunos derechos fundamentales es casi nula. 
La cuestión presupuestaria de los Estados hacia a la niñez es una obligación central debido a que el propio Comité de los Derechos del Niño en las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina y que fueron  aprobadas en su 78º período de sesiones del 14 de mayo a 1 de junio de 2018, recomendó a nuestro país lo siguiente:
a) Asigne los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, a todos los niveles de gobierno, para la aplicación de todas las políticas, planes, programas y medidas legislativas dirigidos a los niños, y establezca mecanismos apropiados y procedimientos inclusivos mediante los cuales la sociedad civil, la población en general y los niñospuedan participar en todas las etapas del proceso presupuestario, incluidas la formulación, la ejecución y la evaluación; 
 
b) Defina partidas presupuestarias para los niños desfavorecidos o marginados, en particular para los niños con discapacidad y los niños indígenas, que puedan requerir medidas sociales afirmativas, y vele por que esas partidas presupuestarias estén protegidas incluso en situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias;  

 c) Realice evaluaciones del impacto de todas las medidas jurídicas y normativas que afecten a los derechos del niño; 

 d) Garantice, entre otras cosas mediante la erradicación de la corrupción en los procesos de contratación pública y de la facturación de precios excesivos en los contratos de suministro de bienes y servicios públicos, que los fondos asignados a todos los programas de apoyo al ejercicio efectivo de los derechos del niño a nivel nacional, provincial y local se inviertan en su totalidad y de manera eficiente…”.
Evidentemente, la cuestión presupuestaria o financiera resulta crucial para garantizar los derechos de la infancia y, por ende, una construcción sólida en el desarrollo de las naciones; sin embargo, esto no pareciera ser prioritario para los Estados o al menos no en la medida que debiera serlo.
Si a ello le agregamos que nuestra ley provincial 5.357 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su artículo 5 segundo párrafo establece de un modo claro que “en la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los Organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta Ley y LA ASIGNACIÓN PRIVILEGIADA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE LAS GARANTICEN; los recursos financieros para garantizar los derechos de los niños son una obligación prioritaria para los Estados y no pueden existir obstáculos al respecto para ello.
A partir de las observaciones formuladas a nuestro país por el Comité me inquietan dos cuestiones que estimo el Estado Argentino debe o debería atender con carácter, insisto, prioritario y privilegiado. 
La primera es la de los niños desfavorecidos o marginados que hoy en el país llegan aproximadamente a 6.3 millones y que a su vez pueden ser niños con discapacidad o indígenas o en conflicto con la ley penal o privados de libertad, lo que implica vulnerabilidades superpuestas a la del solo hecho de ser niños y que no pueden existir excusas en la asignación de recursos para atender las problemáticas que obstaculizan la concreción efectiva de sus derechos fundamentales.
La segunda y quizás la que más me preocupa y debería preocuparnos a todos como sociedad, es aquella observación que se ha convertido o debiera convertirse en una cuestión crucial en nuestro país y a la que considero el mal de todos los males de un Estado, la que genera la pobreza y hasta las cuestiones delictuales, la generadora de lo que se denomina violencia estructural o anónima; me refiero a la CORRUPCIÓN.
En relación a esto que, reitero, me resulta de suma preocupación, el Estado argentino debería prestar suma atención a la observación que el Comité le señaló a través de la siguiente frase “Garantice, entre otras cosas MEDIANTE LA ERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN en los procesos de contratación pública y de la facturación de precios excesivos en los contratos de suministro de bienes y servicios públicos, que los fondos asignados a todos los programas de apoyo al ejercicio efectivo de los derechos del niño a nivel nacional, provincial y local se inviertan en su totalidad y de manera eficiente”.
Como se podrá advertir, la CORRUPCIÓN es un problema trascendental en la falta de asignación presupuestaria para la ejecución de políticas públicas con miras a la concreción efectiva y eficaz de los derechos de la infancia, es un problema grave que genera consecuencias terribles para los Estados en el sentido que origina futuras generaciones diezmados en la pobreza, en otras palabras, la CORRUPCIÓN genera un futuro incierto para el desarrollo del país debido a que sumerge a la infancia en situaciones indignas hipotecando su futuro siendo quizás hoy el resultado de tantos niños pobres en la Argentina que al presente sufren las consecuencias del egoísmo y falta de interés de quienes deben priorizar y privilegiar sus derechos y los del país.
Bajo esta situación actual en mi país respecto de la infancia, el interrogante que titula esta columna de opinión obtiene una respuesta que muchos no quieren ver ni escuchar pero que se torna real: ¡LOS CHICOS NO ESTÁN BIEN Y EL FUTURO DEL PAÍS ES INCIERTO! 

*Juez de Menores de Catamarca y miembro de la Asociación Pensamiento Penal.