Recientemente, mediante un comunicado de prensa del 27 de marzo de este año, la República Argentina fue felicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)por el cumplimiento total de las medidas incluidas en el acuerdo de Solución Amistosa N° 102/14, relativas al caso 12.710, Marcos Gilberto Chaves y Sandra Chaves. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la condena perpetua de Marcos Gilberto Chaves y su hija, Sandra Beatriz Chaves, por el presunto homicidio del cónyuge de Sandra Beatriz Chaves ocurrido en la provincia de Salta, dentro del marco de una investigación con violaciones al debido proceso y a las garantías de protección judicial.

Los importante del caso (que se relaciona con la mirada sexista que existe no sólo desde los organismos del Estado intervinientes sino desde una cultura social patriarcal que se arrastra desde hace muchos años), obtiene relevancia (diría crucial) en cuanto a un tema que es lamentablemente de mención diaria en los comunicados de prensa del país y en estas últimas horas en los nuestros: “LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LAS MUERTES QUE EN SU CONTEXTO SE PRODUCEN”.

La CIDH no sólo destacó la conmutación de las penas de las personas condenadas, sino que lo trascendental se relacionó con la actitud activa y positiva que asumió el Estado provincial de Salta a partir del caso en cuanto a la violencia de género.

En efecto, el Órgano Internacional observó que a través de Decreto de Necesidad y Urgencia N°  2.654/14 que adquirió carácter de ley provincial No. 7.857, se declaró la emergencia pública en materia social por violencia de género. Dicha declaración fue acompañada por la creación de cinco juzgados específicos de violencia familiar y de género. Adicionalmente, se agotó el concurso y designación de los jueces de violencia intrafamiliar y de género que se encuentran en funciones desde el 31 de agosto de 2015. En el mismo sentido se creó un cargo de fiscal penal, cinco cargos de defensores de violencia intrafamiliar y de género; y se creó la Unidad de Evaluación de Riesgo de Violencia de Género en el ámbito del Ministerio Público. Por otro lado, el Estado inauguró un Hogar de Protección Temporal para mujeres víctimas de violencia y sus hijos menores, se implementó la entrega de botones de pánico y se elaboró un plan provincial para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género, entre otras medidas. También es de indicar que, producto de este acuerdo de solución amistosa, se creó el Observatorio de Violencia contra mujeres a través de la ley No. 7.863 para el diseño e implementación de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Otros impactos de este emblemático acuerdo incluyen la impartición de cursos y talleres, por parte del ministerio de Justicia, sobre perspectiva de género y violencia intrafamiliar y de género, destinados a fuerzas de seguridad provinciales, agentes de salud, docentes y público en general, desarrollándose dichas actividades en Salta y barrios aledaños y en diversos municipios. 

En nuestra provincia se acaban de producir en el lapso temporal de 72 horas las muertes con componentes de género de tres mujeres, lo cual resalta la crisis por la que se atraviesa en materia de violencia de género que no resulta ser un problema meramente estatal sino cultural, pero que sin embargo necesita de los órganos del Estado para la sensibilización, concientización y abordaje efectivo de situaciones conflictivas en materia de género con miras a una efectiva prevención.

Por otra parte, durante diciembre del año 2018 el Estado argentino sancionó la ley 27499 conocida como ley “Micaela” (en memoria a Micaela García violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, en 2017), que fue publicada definitivamente en el BO 10/01/2019.
Lo importante de la ley es la capacitación obligatoria que establece en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación (art. 1), así también la invitación que formula a las Provincias a adherir a la ley (art. 2).

Evidentemente el país, y en especial nuestra provincia debido a las recientes y lamentables muertes que se investigan desde la Justicia en contextos de VIOLENCIA DE GÉNERO, debería comenzar a evaluar la posibilidad de fortalecer con perspectiva de género a los distintos organismos del Estado, así también a otros sectores que son fundamentales en materia de sensibilización, como los medios de comunicación que llegan en forma masiva a la sociedad, constituirse en los barrios a través de los Sepave o clubes y, principalmente, en las instituciones educativas, en donde resulta imprescindible que los planes de estudio ya cuenten con la temática relativa a la violencia de género.

Finalmente, me parece esencial dialogar en los respectivos hogares sobre cuestiones machistas que deben ser superadas en los tiempos que corren, transmitir a nuestros hijos la igualdad de géneros y abandonar estereotipos patriarcales que solo conducen a un solo camino ¡el de la VIOLENCIA! Ergo, si no asumimos este compromiso que debe ser de TODOS, la MUERTE seguirá teniendo CARA DE MUJER.