De acuerdo al informe publicado por La Nación, hubo 63 denuncias por abusos sexuales en la Iglesia en los últimos 20 años. De el total de los casos 22 ocurrieron en Buenos Aires, 8 en Mendoza y 7 en Salta. En Entre Ríos y Santa Fe, se registraron 4; en Misiones, Corrientes y Córdoba 3; Catamarca y Tierra del Fuego 2; mientras que en Chaco, San Juan, Río Negro y Santa Cruz, una denuncia en cada una de las provincias.

Las denuncias de abusos incluyen situaciones ocurridas en seminarios, hogares de niños, colegios pupilos, escuelas, campamentos y parroquias. La mayoría de los victimarios son curas o religiosos, pero también hay tres monjas acusadas. Las víctimas más chicas tenían 3 años de edad. En por lo menos 19 de esos casos, la Iglesia trasladó al acusado a otro destino. De cinco de esos curas o religiosos hay denuncias de abusos en más de un lugar.

Según admite la propia Iglesia, "un sistema enfermo encubría o no favorecía que los abusos salieran a la luz". El mecanismo implementado para el encubrimiento fueron, en muchos casos, los traslados: al enterarse de la denuncia contra alguno de los curas o religiosos en su diócesis, era una práctica habitual que los obispos los enviasen a otra jurisdicción sin alertar sobre la acusación detrás de ese movimiento.

La lista de los 63 denunciados incluye 17 casos con condena judicial, 22 con proceso judicial en marcha y 24 no judicializados, pero con denuncias consistentes en su contra (en cuatro de ellos hubo un proceso que quedó trunco). Además, la Iglesia misma admitió la culpa o sancionó a los involucrados en por lo menos 23 de esos casos. En 12, les quitó el estado clerical, la máxima pena que aplica la institución.

Tanto en la Argentina como en el resto del mundo, la propia naturaleza de los abusos dificulta la judicialización. Al ser en muchos casos menores, las víctimas suelen callarlos. Recién logran denunciarlos años después, cuando las causas prescribieron o es muy difícil recabar pruebas. En 2018, se modificó la ley argentina para que, en el caso de los menores, el plazo de prescripción comience a computarse a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad.

La Iglesia muchas veces conspira para evitar que los casos trasciendan: trabaja para mantener el secreto. Los mecanismos de silenciamiento incluyen acuerdos legales. Muchas víctimas señalan cómo la dinámica de silencio y ocultamiento con que la institución lidió con las denuncias no solo atentó contra la posibilidad de erradicarlas, sino que también les generó aún más dolor. “El silencio fue más dañino que el abuso”, explica una de ellas.

Así como el silencio genera opresión, la difusión de casos alienta a las víctimas a romper la espiral de ocultamiento. Un valiente que se anima a hablar, coinciden varios de los consultados, es lo que los impulsó a ellos a dar el paso al frente.

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