A diario suceden acontecimientos en los que no falta oportunidad para criticar a la Justicia y la labor de quienes la integran y toman decisiones al respecto.

No tengo dudas que todo poder de un Estado siempre tiene falencias y que es necesario sean abordadas para mejorar el servicio que debe brindarse a todo miembro de una sociedad. 

Hasta aquí, es una cuestión obvia y, por supuesto, real y necesaria; sin embargo, muchas de esas críticas tienen bastante de mito y carecen de sustento o, lo que es peor aún, se desconoce el trabajo diario y arduo del mundo tribunalicio.  

Ahora bien, en un país como suele decirse regido por un Estado democrático de derecho, la Justicia debe ser independiente o en mejores palabras, sus miembros deben guardar absoluta independencia para con el resto de los poderes del Estado, especialmente, los jueces. 

Por supuesto que esto no implica aislarse del resto de los poderes, ergo, se puede hasta trabajar en forma conjunta en muchas cuestiones que sean necesarias y fundamentales para mejorar la vida de las personas que integran una determinada comunidad; no obstante, debe permanecer siempre incólume la AUTONOMÍA DE LA DECISIÓN, esto es sin presiones de ninguna índole tanto extrajudicial como intrajudicialmente, en otras palabras, tanto puertas hacia afuera como hacia adentro, pues la independencia es una GARANTÍA FUNDAMENTAL para la ciudadanía y ello se garantiza, como mínimo, con la falta de subordinación y obsecuencia de un poder hacia los demás.

Insisto en que nadie ignora que en una República seria existen tres poderes del Estado que funcionan en forma independiente, lo cual no excluye una relación armónica entre ellos y que, sin dudas, esa armonía entre los poderes no significa sumisión de uno a los otros pero sí coherencia entre sus decisiones, pues las llamadas “políticas de Estado” deben ser el fruto de consensos mínimos y básicos incluso entre grupos o partidos antagónicos. Como dijo alguna vez Rosa Bertino en su nota “Espinas y escarapelas” (puede verse en La Voz del Interior, 26 de mayo de 2007) “De alguna raíz hay que agarrarse para formar parte de una comunidad”. 

Por otra parte, las decisiones de la Justicia deben ser tomadas con absoluto respeto en tenor a la sensibilidad de los conflictos que cotidianamente aborda, ergo, en caso de ser erróneas, existen los canales legales garantizados para ser cuestionadas y corregidas; pero nunca podrán estar condicionadas a lo que una sociedad o determinados poderes del Estado quieran o pidan se resuelva o decida un determinado conflicto, como así también, la aplicación de una sanción a una persona o personas, pues, si ello ocurriera, se afectaría la independencia y los poderes se tornarían salvajes y sus decisiones arbitrarias e ilegales; ergo las siguientes palabras de la precedentemente citada Rosa Bertino me permiten (sin agregados) ilustrar y cerrar estas reflexiones: “En la era de la sociedad de masas, más de uno se pregunta si el pueblo nunca se equivoca. Pues sí… y con frecuencia… ‘El pueblo’ se las ha arreglado para que sus frecuentes equivocaciones pasen inadvertidas o injustificadas a lo largo de la historia de la humanidad. En concreto, desde la crucifixión de Cristo… Debe haber sido carismático el tal Barrabás… “Finalmente nos la agarramos con la Justicia… Ahora resulta que cualquiera sabe o está enterado de indagatorias, sumarios o encubrimientos. Por suerte, todavía no se nos ocurre meternos en un quirófano. Para eso hay que estudiar, razonar, ponderar y finalmente actuar” (“El pueblo, ¿nunca se equivoca?”, La Voz del Interior, 24 de febrero de 2007).
*Por Rodrigo Morabito, juez de menores y docente UNCA.