La pandemia mundial generada por el virus COVID-19 conocido como coronavirus, ha generado y genera actualmente resultados adversos para el desarrollo de los Estados, ante todo, económicos y como consecuencia de ello, muchos de los derechos humanos de las personas se ven seriamente afectados; por lo que los Estados deberán abordar seriamente esta situación no solo desde el punto de vista sanitario para la protección de la salud y vida de las personas, sino además, a través del desafío de garantizar que tales derechos no se vean resentidos o al menos lo sean en la forma más mínima posible.

Ahora bien, uno de los colectivos de personas más vulnerables son los niños y las niñas, por lo que si no se toman medidas urgentes, es posible que esta crisis de salud termine convirtiéndose en una crisis respecto de los derechos humanos de los niños que, a su vez, son los más golpeados por la pandemia y la pobreza. 

Evidentemente, la protección de la salud es trascendental en la infancia y para ello es necesario brindarles una buena alimentación o nutrición. Resulta fundamental que los Estados lleguen con módulos alimentarios a todos aquellos lugares en donde la posibilidad de accesibilidad a los alimentos básicos es escasa o difícil. 

En efecto, existen lugares en donde habitan personas que por su lejanía o condiciones de hábitat es difícil llegar y por supuesto, que no es necesario que en esos lugares se produzca una cadena de contagios de COVID-19, pero las repercusiones del virus en las grandes ciudades, genera a su vez repercusiones en las más pequeñas o localidades alejadas en donde habitan niños y niñas que suelen desayunar y almorzar en los comedores escolares, por lo que las dificultades para proveer a las grandes urbes tiene sus efectos colaterales para los que habitan en lugares muy recónditos.

Del mismo modo, en los sectores más postergados de las grandes ciudades (villas, asentamientos, barrios populares, etc.), los Estados deberán llegar para que los niños y niñas que allí habitan puedan contar con elementos tan vitales como agua potable y las condiciones de saneamiento e higiene sean las necesarias para evitar no solo contagios, sino también, una mayor propagación del virus.

Otro importante desafío para los Estados en estos tiempos de grave situación sanitaria, es lograr la facilitación del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes y, para ello, el acceso a la tecnología para garantizar el derecho a la educación (ambos derechos humanos) es vital, ergo no todos los niños cuentan con dispositivos electrónicos o computadoras y mucho menos con acceso a internet, como así también, resulta trascendental que cuando se decida volver a las escuelas los establecimientos cuenten con todos los elementos necesarios para garantizar la salud de los chicos y chicas. 

Por último, insisto en ello, los Estados en este contexto actual deberán ayudar a las familias para cubrir sus necesidades y así estas últimas puedan cuidar a sus hijos, como también, enfrentar desafíos tales como la protección de esos niños en casos de violencia, explotación y abusos sexuales, los que pueden verse multiplicados debido a este contexto de pandemia.
Como se podrá advertir, estos momentos de crisis sanitaria exigen redoblar los esfuerzos de los Estados para que los derechos humanos de los niños y las niñas se vean concretados en la práctica cotidiana y pueda avizorarse un futuro promisorio no solo para ellos, sino además, para el desarrollo de los países. 

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF.