Luego de que la jueza de Control de Garantías rechazara el pedido de nulidades de la causa que involucra a los exjueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, ahora se conoció que la Fiscalía de Estado volvió a solicitar ser querellante.

Cabe recordar que la presentación realizada por los letrados Tomás Hugo Aibar y Jeremías César Prieto había sido rechazada en el mes de julio por el titular de la Fiscalía de Instrucción N° 6, Facundo Barros Jorrat.

En la oportunidad, el representante del Ministerio Público resolvió no hacer lugar a la solicitud de constitución como querellante a la Fiscalía de Estado, por no ser la etapa procesal en la que debía ser dirimida, ya que había cuestiones de competencia en discusión.

En este sentido, tras conocerse la renuncia de ambos magistrados y luego de que el Tribunal de la nueva Cámara de Apelaciones resolviera que el hecho debía volver a ser investigado en Instrucción por la fiscalía especializada, el Estado solicitó nuevamente velar por los intereses de la sociedad.

Nulidades
Cabe destacar que, a pesar de que los ahora exmagistrados renunciaron a sus cargos y así evitar un juicio político cuyo objeto era la destitución de ambos, la causa penal iniciada por el delito de “cohecho” continúa su curso.
Aparentemente, con el objeto de ganar algo de tiempo, las defensas de Da Prá y Morales habrían presentado nulidades respecto de la investigación.

Según los abogados defensores, no existía materia penal que sustente la investigación, ya que los dos magistrados renunciaron a sus cargos, y, además, que el video había sido editado y era falso.

Al respecto, la jueza de Control de Garantías, María Cecilia Mas Saadi, manifestó en su resolución que “el video no es la única prueba existente en la causa, sino que se cuenta con otros elementos probatorios que darían cuenta del hecho delictivo”.

Denuncia
De acuerdo a la investigación que surgió luego de hacerse viral el video en que se observa a los en ese entonces camaristas hablando y recibiendo una presunta coima, habrían recibido un total de $ 820.000 divididos en partes iguales, por un hecho ocurrido entre el 5 de diciembre de 2019 y el 18 de febrero de 2020.

El dinero habría sido enviado por el imputado Daniel Jiménez, quien, actuando mediante una persona que no pudo ser identificada por la Instrucción, solicitaba a los magistrados que se revoque la prisión preventiva que lo mantenía detenido por esos momentos, lo que habría ocurrido finalmente en marzo a partir de una resolución dictada por los ahora imputados.
Jiménez, por lo tanto, fue imputado por el delito de “cohecho activo agravado” (figura con la que se denomina a quien ofrece la “coima”) y los jueces por “cohecho pasivo agravado” (figura legal que describe a quien recibe el dinero/ servicio/ favor).