Ayer se dieron a conocer los fundamentos de la resolución del Tribunal de Apelaciones, que determinó que la causa contra el cura Moisés Pachado no está prescripta. Los magistrados priorizaron las garantías constitucionales del acceso a la Justicia de la presunta víctima.

El juez Edgardo Rubén Álvarez, expuso en los fundamentos que  “es dable colegir las dificultades que la supuesta víctima tuvo para acceder a la justicia al momento de ocurridos los eventos denunciados, atento a su minoridad a la falta de apoyo familiar, antes del plazo que estipula el Código Penal” que favorecería al religioso en cuanto a que la causa se consideraría prescripta por el paso de los años.

El juez también puntualizó que  falta incorporar material probatorio a la causa, como en el caso de un careo entre la presunta víctima y el sacerdote que sucedió al cura Pachado (a quien le habría contado todo lo sucedido pero luego lo negó).

Asimismo, Álvarez indicó que considera necesaria una junta de profesionales de psicología y psiquiatría para que evalúen a los implicados y subrayó que “el Estado debe garantizar a favor de la vigencia de la acción para investigar, juzgar y oportunamente si corresponde, sancionar la conducta achacada, dada la normativa de derecho internacional de mayor jerarquía acuñada en la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de los Derechos Humanos”.

El juez Mauricio Navarro Foressi, por su parte, adhirió a este voto y agregó que se debe “aplicar el derecho de la prescripción al imputado vulneraría su derecho (de la víctima) a la tutela judicial efectiva y a la protección de los niños”.

El magistrado César Marcelo Soria, a su turno, adhirió a las posturas anteriores y añadió que se debe tener en cuenta que quienes tuvieron conocimiento  sobre los presuntos hechos no obraron a favor de la búsqueda de justicia.

Es necesario recordar que Ingrid Figueroa denunció al sacerdote en 2018 por hechos de abuso sexual que habrían ocurrido cuando ella tenía 9 años, en 1997.