(*) Rodrigo Morabito            

A diario se menciona en distintos ámbitos acerca de la necesaria perspectiva de género que debe tener el Estado frente a los distintos estamentos que lo conforman y como una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones.

Ahora bien, la perspectiva de género nos ha llevado a reconocer desde hace un tiempo que, históricamente, las mujeres han tenido oportunidades desiguales en el acceso a derechos fundamentales tales como la educación, el trabajo, la justicia, la salud, etc., y aún hoy (aún con mejores condiciones según la región en la que habiten) sus posibilidades de desarrollo siguen siendo desparejas e inequitativas.

Las niñas y las adolescentes se encuentran en esta situación y, lo que es peor aún, es que pueden llegar a presentar vulnerabilidades superpuestas, pues puede ocurrir que una niña o adolescente además de su vulnerabilidad por género (mujer) y niñez (edad), pueda llegar a ser pobre o extremamente pobre u ostentar una discapacidad o estar privada de libertad, pertenecer a una comunidad originaria o grupos minoritario (LGTBI) o encontrarse en situación de migración o desplazamiento interno o victimización, todas éstas, son situaciones que se presentan como condiciones de vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes.

Este escenario debe ser siempre analizado y abordado en términos de prioridad absoluta por parte de los Estados, de lo contrario la violación sistemática a los derechos fundamentales a las niñas y las adolescentes será prácticamente inevitable.

La situación de pandemia por la que atraviesa el mundo entero debido al virus del Covid-19, debe hacer que los Estados redoblen su esfuerzo para evitar que por determinadas condiciones o circunstancias, las niñas y las adolescentes vean aún mucho más agravada su actual condición de vulnerabilidad generando efectos absolutamente adversos y perjudiciales para el desarrollo de su plan de vida.

Sin dudas que la perspectiva de género que el Estado DEBE tener y efectivizar en todos sus ámbitos y en especial con respecto a las niñas y las adolescentes, será crucial a la hora de tomar decisiones que tiendan a garantizar los derechos básicos y fundamentales que pudieran estar vulnerados o llegar a vulnerarse, logrando que la igualdad entre hombres y mujeres sea realmente efectivizada en la vida diaria y, para ello, no solo alcanza con leyes, ordenanzas o reglamentos (lo que no deja de ser importante) sino además, con una real conciencia y práctica diaria en los ámbitos cotidianos de la vida, pues la perspectiva de género es una cuestión que nos incumbe a todos como Nación.

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF.