El viernes pasado, el abogado Pedro Vélez presentó una impugnación del concurso para cubrir las vacantes que dejaron los ahora excamaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá tras renunciar a sus cargos por un escándalo generado por un video donde se observaría supuestos pedidos de coimas. 

Para el letrado, el procedimiento llevado a cabo por las autoridades del consejo consultivo y los docentes examinadores fueron por lo menos fraudulentas ya que no se cumplieron los requisitos que establecía el marco normativo para este tipo de selección de futuros magistrados, que reemplaza el antiguo Consejo de la Magistratura. 

No solo Vélez habría denunciado irregularidades sino que además, otros dos letrados realizaron impugnaciones y pidieron el apartamiento de otros postulantes debido a que habrían sido deshonestos a la hora de realizar sus exámenes. 

Según el planteo de uno de los perjudicados, solicitan la nulidad de todo el concurso en virtud de que la nominación y selección del tribunal examinador y el proceso de examen presentarían serias irregularidades. 

Aparentemente, no hay un expediente en papel ni en formato digital, solo algunos actos publicados en la página web de la comisión. El código de procedimiento administrativo exige que exista expediente de cualquier actuación administrativa. Hay varios actos que ni siquiera tienen firma, como por ejemplo el acta de sorteo del jurado o tribunal examinador.

Además, sobre el jurado que clasificó, denuncian que   no se informó cuándo se iba a desarrollar el sorteo de los miembros del Tribunal Examinador, no se informó debidamente a los concursantes de los doce candidatos a Jurados de manera previa al sorteo, tampoco se publicó el acta del sorteo de los jurados (titulares ni suplentes), donde se dé cuenta quiénes fueron los otros jurados que pertenecían al pliego, ni se notificó dicha acta a los postulantes como exige el reglamento.

Como en la anterior irregularidad, aquí también el acta de sorteo de los candidatos al Tribunal Examinador no se encuentra firmada por ninguno de los miembros de la Comisión (ni siquiera por la secretaria y el presidente que habrían realizado el sorteo), por lo cual la misma es nula de nulidad absoluta, por no decir un acto inexistente, señaló en la impugnación del candidato, Pedro Vélez. 

“Cuando consulté sobre copia de la solicitud a la Facultad del listado de docentes, como la remisión por parte de ésta de dicho listado, insólitamente se me informó que, con una total falta de transparencia y garantía para los concursantes (entre los que me encuentro), no se había hecho esa solicitud, sino que el doctor Salerno, presidente de la Comisión, habría traído ese listado en forma personal el día del sorteo, sin firma de autoridad universitaria, ni membrete alguno de la Facultad, que acredite que dicho listado es un listado oficial”, acusó Vélez en diálogo con este medio. 

“Más allá de que sea un hecho notorio que  Gonzalo Salerno a la vez de ser presidente de la Comisión sea decano de la Facultad de Derecho, también resulta claro que el mismo no es dueño ni de la Comisión ni de la Facultad de Derecho de la UNCA, su personalidad no se confunde con la de estos entes públicos, que la primera es una comisión creada en la órbita del PEP, y la segunda es en realidad parte de una persona jurídica como lo es la Universidad Nacional de Catamarca”, remarcó.

Procedimiento

De acuerdo a la explicación que dio el letrado Vélez sobre los puntos carentes de trasparencia, indicó: “La remisión del listado de docentes de la Facultad debería reunir mínimamente para ser considerado un acto administrativo válido o existente la firma y de un responsable de la institución, como un sello de la institución que garantice que la nominación, no obedece a la voluntad individual del doctor Salerno u otra persona física, dado que vivimos en un estado de derecho, en una sociedad democrática y no en un sistema autocrático”, lamentó. 

“El listado es anónimo y en el mejor de los casos solo obedece a la voluntad individual de una persona física, el Dr. Salerno y no al ente que el mismo representa, pues no existe ninguna forma que identifique al listado como de autoría o pertenencia a la Facultad de Derecho de la UNCA, a la par de que nunca se le solicitó formalmente como exige el reglamento la remisión del listado, tampoco la misma al no saber del pedido, como lógica consecuencia jamás remitió un listado de docentes a la Comisión. Es decir que si vamos al tenor literal del documento (listado de docentes para el sorteo), el mismo es anónimo”, denunció.

Docentes candidatos

Además, el letrado señaló que “entre los candidatos nominados por este acto ilegal, existía una docente que no tenía experiencia en derecho penal, más allá de ser docente en Derechos Humanos (cuyos principios no solo son atinentes o aplicables solo al derecho penal, sino al derecho constitucional, administrativo, derecho civil, etc.), por lo que es más que dudosa y arbitraria su inclusión como docente en ‘especialidad afín’”, agregó.

A dedo

Por último,, Vélez detalló: “Al listado sin firma, membrete, ni sello, es decir anónimo, con el que se nomina por parte de no se sabe quién (supuestamente el Dr. Salerno a título personal) a los candidatos a formar parte del Tribunal examinador, se acompaña un escrito impreso con copia del Art. 23 del Reglamento de la Comisión y a renglón seguido un “Procedimiento para el Sorteo del Jurado”, el cual no se sabe por quién fue aprobado o por medio de qué resolución, el cual también adolece de firma y sello, en el cual se da una serie de lineamientos sobre el sorteo, distribución territorial o federal de los miembros del Tribunal, cómo se realizará la distribución equitativa de género, forma de los bolilleros, etc. Este es otro acto irregular y anónimo que precede al sorteo y que denotaría un claro abuso de autoridad por parte del autor”.

En la Corrección 

Aparte de los ya mencionados puntos débiles en la selección de los candidatos a cubrir las vacantes de los excamaristas Morales y Da Prá, también se señalan vicios graves y arbitrarios en la corrección de los exámenes escritos, donde se destacaría que hubo arbitrariedad absoluta e imposibilidad de controlar la corrección o no de la calificación asignada a cada uno de los concursantes y la ausencia de devolución o fundamentación de la corrección particular de cada examen y por ende del tribunal examinador. 

Denuncia Penal 

Ante tamañas irregularidades el reconocido abogado penalista manifestó que ameritan denuncias penales, debido a que se estaría incurriendo en el incumplimiento de los deberes de funcionario público a los responsables de llevar adelante el concurso para camarista.