Una semana después de haber impugnado el concurso para cubrir las vacantes que dejaron los ahora excamaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, tras renunciar a sus cargos por un escándalo generado por un video donde se observaría supuestos pedidos de coimas, el abogado Pedro Vélez denunció penalmente a Gonzalo Salerno, el responsable del Consejo Consultivo. 
El letrado del foro local que se vio afectado en su examen, llevó del campo administrativo al fuero penal su reclamo, ya que presuntamente el denunciado habría incurrido en el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada en fiscalía general pero, si bien fue girada a la fiscalía N° 6 a cargo de Facundo Barros Jorrat, éste fue recusado entendiendo que incurría en una causal de remoción el investigar a un superior suyo en la facultad. 

Fraude
Para el letrado Pedro Vélez, el procedimiento llevado a cabo por las autoridades del consejo consultivo y los docentes examinadores fueron por lo menos fraudulentas ya que no se cumplieron los requisitos que establecía el marco normativo para este tipo de selección de futuros magistrados, que reemplaza el antiguo Consejo de la Magistratura. 
Vale destacar que el marco normativo, habría sido redactado por el propio titular del Consejo Consultivo, el cual está ahora denunciado por incumplir su propio reglamento. 

Otros denunciantes
No solo Vélez habría denunciado irregularidades sino que además, otros dos letrados realizaron impugnaciones y pidieron el apartamiento de otros postulantes debido a que habrían sido deshonestos a la hora de realizar sus exámenes. 
Según el planteo de uno de los perjudicados, solicitan la nulidad de todo el concurso en virtud de que la nominación y selección del tribunal examinador y el proceso de examen presentarían serias irregularidades.

Irregularidades 
Entre las supuestas falencias, se encuentra que no habría un expediente en papel ni en formato digital, solo algunos actos publicados en la página web de la comisión. El código de procedimiento administrativo exige que exista expediente de cualquier actuación administrativa. Hay varios actos que ni siquiera tienen firma, como por ejemplo el acta de sorteo del jurado o tribunal examinador.

Además, sobre el jurado que clasificó, denuncian que no se informó cuándo se iba a desarrollar el sorteo de los miembros del Tribunal Examinador, no se informó debidamente a los concursantes de los doce candidatos a Jurados de manera previa al sorteo, tampoco se publicó el acta del sorteo de los jurados (titulares ni suplentes), donde se dé cuenta quiénes fueron los otros jurados que pertenecían al pliego, ni se notificó dicha acta a los postulantes como exige el reglamento.

Como en la anterior irregularidad denunciada, aquí también el acta de sorteo de los candidatos al Tribunal Examinador no se encuentra firmada por ninguno de los miembros de la Comisión (ni siquiera por la secretaria y el presidente que habrían realizado el sorteo), por lo cual la misma es nula de nulidad absoluta, por no decir un acto inexistente, señaló en la impugnación del candidato, Pedro Vélez. 

Procedimiento
De acuerdo a la explicación que dio el letrado Vélez sobre los puntos carentes de trasparencia, indicó: “La remisión del listado de docentes de la Facultad debería reunir mínimamente para ser considerado un acto administrativo válido o existente la firma y de un responsable de la institución, como un sello de la institución que garantice que la nominación, no obedece a la voluntad individual del doctor Salerno u otra persona física, dado que vivimos en un estado de derecho, en una sociedad democrática y no en un sistema autocrático”, lamentó. 

“El listado es anónimo y en el mejor de los casos solo obedece a la voluntad individual de una persona física, el Dr. Salerno y no al ente que el mismo representa, pues no existe ninguna forma que identifique al listado como de autoría o pertenencia a la Facultad de Derecho de la UNCA, a la par de que nunca se le solicitó formalmente como exige el reglamento la remisión del listado, tampoco la misma al no saber del pedido, como lógica consecuencia jamás remitió un listado de docentes a la Comisión. Es decir que si vamos al tenor literal del documento (listado de docentes para el sorteo), el mismo es anónimo”, denunció.

Docentes candidatos
Además, el letrado señaló que “entre los candidatos nominados por este acto ilegal, existía una docente que no tenía experiencia en derecho penal, más allá de ser docente en Derechos Humanos (cuyos principios no solo son atinentes o aplicables solo al derecho penal, sino al derecho constitucional, administrativo, derecho civil, etc.), por lo que es más que dudosa y arbitraria su inclusión como docente en ‘especialidad afín’”, agregó.

En la Corrección 
Aparte de los ya mencionados puntos débiles en la selección de los candidatos a cubrir las vacantes de los excamaristas Morales y Da Prá, también se señalan vicios graves y arbitrarios en la corrección de los exámenes escritos, donde se destacaría que hubo arbitrariedad absoluta e imposibilidad de controlar la corrección o no de la calificación asignada a cada uno de los concursantes y la ausencia de devolución o fundamentación de la corrección particular de cada examen y por ende del tribunal examinador.