Finalmente Fiscalía de Estado se constituyó como querellante en la causa contra los camaristas sospechados de cohecho.

En la presentación solicitan que se inicien las investigaciones tendientes a corroborar la comisión, por parte de los dos jueces de la Cámara de Apelaciones, Raúl Da Pra y Juan Pablo Morales, de los graves hechos de corrupción que encuadrarían en el delito previsto y penado en el artículo 257 del Código Penal Argentino.

Estos delitos serían de cohecho pasivo agravado y prevé una pena de prisión de 4 a 12 años e inhabilitación especial perpetua al magistrado del poder judicial o ministerio público que recibiera dinero o dádiva. 

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