El próximo jueves es el plazo legal que tendría el camarista Raúl Da Pra, para justificar su licencia en el Consejo de la Magistratura, de no obtener respuesta en una reunión se habría optado por una suspensión, tras detectarse un vacío legal para destituirlo del cargo luego del escándalo generado por el supuesto cobro de coimas en el que se vio involucrado junto al juez Juan Pablo Morales, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, desde el Colegio de Abogados se avanzó en un pedido de destitución, puesto que el grave caso afectaría la transparencia de dicho organismo, pero bajo el marco jurídico que rige dicho organismo, la ley impide sacarlo del cargo, puesto que aún no fue procesado por el caso del video que se volvió viral y provocó un duro golpe a la Justicia local, pocas veces visto. 

El dilema

Según informaron fuentes del organismo antes mencionado que, la situación de dos camaristas, acusados de forma anónima de recibir dinero para liberar a un detenido, llegó al Consejo de la Magistratura donde se evaluará la integración del mismo puesto que uno de sus miembros está involucrado. 

En este sentido, explicaron que todo inició la semana pasada, cuando un grupo de letrados que representan al Colegio de Abogados dentro del Consejo advirtieron el estado en el que se encuentra Da Pra como miembro titular en representación de magistrados en la institución.

De acuerdo a lo que pudo conocer El Esquiú.com, los integrantes del Consejo se reunieron ayer para estudiar el planteo de los profesionales del derecho. Una de las primeras salidas puesta en la mesa a la observación de los abogados fue remover a Da Pra como integrante. No obstante, se encontraron con un escollo dispuesto por la propia ley de creación del Consejo. Esto es que el camarista sea imputado por “hechos delictivos, con auto de procesamiento firme”, lo cual hasta el momento la causa no llegó a dicha instancia.

La otra opción que evaluaron era aplicar la figura de cese como consejero al camarista pero ello sólo puede darse ante la “pérdida o alteración de la calidad en función de la cual fueron seleccionados”. Con ambos caminos cerrados y el hecho de no encontrar respuesta al planteo implicó también desnudar una falencia de la normativa: la ley del Consejo de la Magistratura no prevé la suspensión transitoria de sus integrantes. Cuando los miembros de la institución se toparon con estas cuestiones tras el planteo de los abogados, una consejera comentó que Da Pra había pedido licencia al cargo. No obstante, en este último encuentro se notificó que no constaba copia alguna de ese escrito. 

Los integrantes de la institución colegiada evaluaron cómo se podía resolver el estado del camarista y optaron por otorgar un “periodo de gracia”. Es decir, esperar hasta el jueves que ingrese el pedido de licencia del camarista como miembro del Consejo. 
Eso sí, en caso de que la solicitud de licencia de Da Pra no entre hasta esa fecha, el Consejo directamente aplicaría una suspensión de oficio. La resolución tomada habría avanzado por la mayoría de los consejeros puesto que la presidenta de la institución se habría abstenido de votar.