La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, en relación con publicaciones periodísticas sobre eventuales reformas de temas vinculados con la administración de justicia, considera necesario recordar que la independencia del Poder Judicial se encuentra protegida por la Constitución Nacional y es un principio fundamental del Estado de Derecho, que es sustancial para el funcionamiento de la democracia y para la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos.

El Poder Judicial es el encargado de juzgar los casos concretos sometidos a su examen y controlar los actos de gobierno, en virtud de lo cual no puede ni debe recibir directivas de los demás poderes acerca de cómo deberán ser sus decisiones. Por tales motivos, la Constitución Nacional, como las Constituciones Provinciales, establece una serie de institutos tendientes a garantizar dicha independencia, como la inamovilidad de los jueces en sus cargos y la intangibilidad del salario. Estas garantías no están dirigidas a los magistrados en sí, sino que se encuentran establecidas en resguardo de la independencia del Poder Judicial, lo que “beneficia a la sociedad en su conjunto en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno”.

Por todo ello, no puede permitirse, menos aun en tiempos de crisis como los que estamos atravesando por la pandemia generalizada, circunstancias que alteren la calidad institucional, y cualquier intento de reforma legislativa que se refiera a la administración de justicia y por ende a la función judicial deberá ser con la participación de los operadores jurídicos e instituciones que los representan. Asimismo, no debe soslayarse que todo cambio legislativo que modifique el sistema normativo vigente, solo puede regir para el futuro, pero nunca aplicarse con retroactividad. Es que, para poder cumplir la función de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, y el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, es indispensable fortalecer la independencia, estabilidad e imparcialidad de los Poderes Judiciales.

Con especial referencia a la posible reforma o derogación del Consejo de la Magistratura, debemos destacar que el mencionado organismo fue creado por Ley N° 5012, para la selección de los postulantes a cubrir cargos de magistrados judiciales y funcionarios del Ministerio Público, que requieran acuerdo de la Cámara de Senadores, mediante el procedimiento del concurso público de antecedentes y oposición.

Tal institución implica la concreción en el ámbito de nuestra provincia de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, que ha sido receptada en la mayoría de las provincias, conforme a la declinación de atribuciones y facultades constitucionales propias del Poder Ejecutivo que emanan del Art. 218 de nuestra Constitución Provincial. La importancia radica en que mediante el proceso de selección de los aspirantes se puede determinar la idoneidad técnica y la experiencia para el cargo, mejorando la calidad institucional en razón de la especial versación de las cuestiones jurídicas que requieren tales designaciones, en atención a las elementales atribuciones encomendadas a los órganos del Poder Judicial.

Por ello entendemos que el Consejo de la Magistratura debe continuar funcionando y celebramos cualquier reforma que resulte necesaria para optimizarlo, frente a los nuevos desafíos que la sociedad exige a los integrantes del Poder Judicial, y los cambios económicos, sociales, culturales y tecnológicos que lógicamente se deben incorporar paulatinamente en su totalidad.
Por todo lo expuesto, entendemos que resulta esencial fortalecer la independencia judicial, afianzando en su vigencia concreta el principio de división de poderes del Estado como reglas prioritarias sin las cuales los derechos constitucionales se ponen en riesgo. Ello se erige como una garantía de los ciudadanos para que sus derechos sean respetados.

   Consejo Directivo,
julio de 2020