En esta oportunidad, me parece fundamental expresar mi opinión personal acerca del perfil actual que quizás (y solo quizás) los tiempos que corren requieran de una persona cuya compleja misión es la de garantizar los preceptos convencionales, constitucionales y legales que le corresponden a las personas que conforman una determinada sociedad. Y digo compleja, porque no es una tarea fácil ejercer la magistratura, muy por el contrario, es una tarea que exige mucha vocación, compromiso, responsabilidad y horas de trabajo, horas que no alcanzan en los despachos judiciales y se completan en el hogar.

Sin dudas que todas las actividades estatales son mejorables o perfectibles, como suele decirse, pero no por eso dejarán de ser siempre tareas arduas y complejas, porque lo que la justicia debe resolver es nada más y nada menos que una amplia gama de cuestiones, como los que conciernen a la vida, la libertad, el honor, los derechos, la propiedad, las garantías, la seguridad y la dignidad de las personas. En otras palabras, derechos humanos personalísimos e inalienables de las personas.

En nuestro país muchas veces se generalizan las cuestiones con la palabra “todos”, y como ya es sabido, las generalizaciones no son buenas y suelen por lo general incurrir en equívocos, ergo, sostener y afirmar livianamente que “todas las personas” que realizan alguna actividad funcional o estatal no trabajan o solo les importa sus intereses personales es un término tan generalizador como insostenible, carente de una base sólida empírica, como lo es, sin dudas, sostener livianamente que la “justicia está desprestigiada y endeble”, pues ese término engloba o mete en la bolsa (como popularmente se afirma a diario por los distintos ámbitos de la vida cotidiana) a muchas mujeres y hombres que a diario trabajan en la justicia horas en busca de una solución a los justiciables. Por supuesto que esta no es una defensa corporativa ni pretende serlo de la justicia en la que hace años trabajo, muy por el contrario, es la realidad y es, además, una realidad contrastable, no obstante, dejando a salvo que siempre hay cosas para mejorar como en cualquier poder o institución del Estado por los constantes avances de los problemas sociales.

Ahora bien, siempre desde mi punto de vista personal, pienso que toda persona que decida ejercer la magistratura deberá reunir características que son imprescindibles para tan difícil misión, ergo, deberá estar dotado de la preparación y solvencia técnica suficiente a efectos de ejercer adecuadamente la función de juez (la idoneidad técnico – jurídica como se la conoce); a su vez, deberá reunir condiciones de eficiencia, independencia, imparcialidad, dignidad y honorabilidad (idoneidad moral suele decirse) y, lo que a mi modo de ver resulta de mayor importancia e ineludible valor esencial, que tenga compromiso con valores democráticos y con los derechos humanos, a los que se vapulea bastante en estos tiempos, sin reparar que sin valores democráticos y derechos humanos, los ciudadanos carecerían de dignidad, y una persona sin dignidad es una persona sin humanidad, y ello resulta inaceptable en tiempos de globalización.

Me extenderé un poco más allá, quizás abusando de este espacio semanal, tan solo para exponer que la independencia de los magistrados es un principio clave y trascendental en un Estado Democrático de Derecho, ¿y qué debe entenderse por independencia? Pienso que la independencia no puede confundirse con aislamiento absoluto del resto de los poderes estatales y de los efectos que pueden generar sus decisiones, pues tal como señala el maestro Vanossi, “no puede ni debe existir un juez aséptico desconectado de un sistema de valores o de una ideología. De lo contrario estaríamos frente a un autómata que no cumpliría con su labor interpretativa ni mucho menos su función integrativa y creadora que cumple el juez a través del dictado de las sentencias”. Sin dudas, que los jueces deben contar con absoluta “autonomía de decisión”, sin ningún condicionamiento o presión alguna debido a su irrenunciable misión de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que forman parte del Estado.

Como se podrá advertir, de la independencia judicial deberíamos deducir al menos dos cosas. La independencia de las lealtades partidarias preexistentes que deberán abandonarse en el momento de acceso a la justicia. Y, también (lo que resulta elemental), abandonar la falsa noción de que por haber sido designado por alguien tiene un deber de gratitud permanente de halagar o complacer a ese alguien, en otras palabras, contar con absoluta autonomía en la decisión.

En definitiva, del perfil de los jueces que se seleccionen dependerá de qué grado y qué profundidad de control tendremos los ciudadanos y el resto de los poderes del Estado.

El Poder Judicial en su conjunto es diseñador de políticas públicas, es decir, desde el juez más inferior hasta el más alto magistrado contribuyen a diagramar las grandes pautas que definen el modo y la calidad de vida de la sociedad. Por lo tanto, es necesario que cada uno de los magistrados tenga la comprensión necesaria para dimensionar el alcance de sus facultades y la sensibilidad suficiente para plasmarlas adecuadamente en sus sentencias (tal como lo han sostenido los Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

El ejercicio de la magistratura no es como otras tareas estatales (por supuesto sin desmerecer absolutamente a ninguna debido a su importante trascendencia), sino que es la más alta tarea llamada a velar por el cumplimiento del contrato social vigente.

(*) Juez de Menores