Mucho se ha dicho en los medios de comunicación durante el transcurso de esta semana acerca del episodio que involucró al Sr. Jorge Adolfo Ríos, el jubilado de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, que se encuentra acusado de haber asesinado a Franco Moreyra, quien habría ingresado a su domicilio junto a otras personas momentos antes para robarle.
Por supuesto que en estos tiempos es innegable que la inseguridad y las muertes violentas que se producen en tales contextos, son cuestiones que deben ser abordadas por los Estados y con respuestas inmediatas para evitar que situaciones como las acontecidas terminen siendo vistas como un modelo o ejemplo a seguir, pues las reacciones humanas violentas tienen consecuencias catastróficas con el tiempo.

Muchos dijeron que el episodio del Sr. Ríos fue un acto de “justicia” o “justicia por mano propia”, sin embargo, en mi visión de justicia, no se incluye la muerte de nadie, mucho menos si es una muerte violenta de alguien prácticamente pidiendo clemencia, como tampoco creo en frases armadas para justificar algo que ni se le acerca a la visión de justicia, ergo la “justicia por mano propia”, es un delito y no es justicia.

Aclaro que no victimizo a quienes son victimarios o en otras palabras salen a robar y lastimar personas, muy por el contrario, esas personas (los delincuentes) deben responder por el delito que han cometido y deben soportar sus consecuencias con todo lo que ello significa, pero para ello existe la justicia con funcionarios encargados de aplicar la ley penal a quienes la transgreden.
Al menos, esta es la idea de vivir en un Estado democrático de derecho que debe dar respuestas a sus ciudadanos ante los delitos para una convivencia social pacífica.

La ley penal argentina (art. 34 inc 6 CP), dice que existirá legítima defensa y por ende la persona quedará exenta de pena cuando actúe en defensa propia o de sus derechos, sin embargo, supedita ese comportamiento y reacción humana a tres requisitos.

El primero de ellos es que debe haber sido víctima de una “agresión ilegítima”, o sea un ataque violento y arbitrario por parte de otra persona y que esa agresión no haya sido provocada de ninguna manera por parte de quien se está defendiendo, ergo, no podría jamás una persona alegar que ha sido víctima de un ataque ilegítimo si previamente ha provocado ese ataque y pretender que se lo exima de pena por legítima defensa. Por último, esta justificación que habilita la ley penal y por ende exime de pena a quien se defiende, exige que exista racionalidad en el medio utilizado para impedir aquel ataque que, insisto, no debe haberse provocado. 

En otras palabras, no puedo pretender defenderme a tiros de quien me ataca a golpes de puño, allí no habría racionalidad en el medio que utilicé para defenderme.

Por otra parte, la ley penal exime del cumplimiento de estos requisitos (se entenderá que concurren estas circunstancias dice la ley)  a quien durante la noche rechazare el ingreso a su propiedad de cualquier persona, pero ojo, aclaro, para que exista legítima defensa, esa persona que pretenda ingresar a mi domicilio debe hacerlo de noche e insisto, ingresar que no es lo mismo que egresar, pues si le disparo a quien ya está saliendo de la propiedad ya no existirá la posibilidad de exigir esta defensa legítima privilegiada como se la conoce en doctrina.

Finalmente, la ley penal también va a considerar que existirá legítima defensa para una persona cuando encuentre a un extraño dentro de su hogar (no importa si es de mañana, tarde o noche), siempre que haya resistencia (o sea que esa persona arremeta contra el propietario o lo ataque).

Como se puede advertir, el caso del Sr. Ríos no podría ser considerado legítima defensa toda vez que si bien se puede decir que sufrió una agresión ilegítima (ingresaron a robarle y lo golpearon) que no fue provocada por él; el medio que utilizó por la forma en que se desarrolló el lamentable hecho no fue racional para nada, pues le disparó a una persona que se encontraba tirada en la vereda a varios metros de su domicilio debido a que se quebró el pie al intentar huir del lugar, que se encontraba desarmada y que al menos en las imágenes que vio todo el país pareciera estarle pidiendo clemencia y aun así, disparó y mató. 
Sin dudas que será (o debería ser) la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió y hasta si al Sr. Ríos le corresponde una pena atenuada por exceso en la legítima defensa u homicidio en estado de emoción violenta o, simplemente homicidio agravado, no lo sabemos y el tiempo lo dirá, no obstante ello, deberá ser la Justicia del Estado quien lo determine y quien debería investigar y sancionar los delitos y no habilitar la posibilidad de que los ciudadanos lo hagan arbitrariamente por fuera de los supuestos permitidos en la ley, pues se corre el riesgo de vivir en un Estado salvaje con consecuencias para personas que de ser víctimas pasan a victimarios cometiendo delitos aún más graves de los que sufrieron y de eso, no se vuelve nunca más.    
(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II de la Faculta de Derecho de la UNCA. Vocal titular de la Asociación Pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. 
(*) RodrigoMorabito