Luego de la polémica generada por un video viral en el que se observaría a los jueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra cobrando una suma de 820.000 pesos en concepto de coima para beneficiar a un preso, el tribunal de Jury decidió abrir el proceso de juicio político en contra de los magistrados cuestionados. 

Al respecto el diputado Augusto Barros, en diálogo con la prensa, manifestó que “se ha declarado, en principio, la admisibilidad del Jury de enjuiciamiento para correr el traslado a las partes a los fines de que una parte haga su descargo y la otra que es el fiscal, haga el dictamen correspondiente. El plazo es de diez días”, adelantó. 

En forma paralela, el fiscal Facundo Barros Jorrat, pidió al juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña, que investigue la conducta de los magistrados, ya que existirían los elementos para sospechar de que habrían incurrido en el delito de “cohecho pasivo”, el magistrado tendrá 90 días para evaluar si decide avanzar penalmente en contra de los camaristas. 

Cabe recordar que el pasado lunes, tras una viralización de un video por las redes sociales, el escándalo en la Justicia con repercusiones a nivel nacional no tardó en llegar.

El material fílmico, en principio, editado llegó hasta la propia Corte de Justicia local, acompañada de una denuncia anónima, la cual fue recibida por los canales formales del máximo organismo de Justicia provincial. 

Tras emitir un informe, la secretaría de Sumarios, la presidenta del Tribunal de juicio político convocó a una reunión de carácter urgente, debido a la gravedad del caso y la exposición de la Justicia provincial con el objeto de analizar la admisibilidad de iniciar el proceso por el cual, podrían echar de sus cargos a los jueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra. 

En la resolución, firmada ayer por los magistrados resolvieron que las partes deberán expresarse, los sospechosos, deberán realizar un descargo y el fiscal emitir su dictamen. A partir de allí decidirán si los llevan a juicio.