El juez de Control de Garantías de Andalgalá, en diálogo con El Esquiú.com, expresó su preocupación por la situación en la que quedó la Justicia de la provincia luego de acontecido con los jueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra, quienes fueron filmados presuntamente cobrando una coima de 820 mil pesos para beneficiar a un preso y ahora enfrentan un proceso de Jury. En forma paralela, se solicitó una investigación penal para determinar responsabilidades sobre el grave caso que empaña el accionar de la Justicia de Catamarca y que tuvo repercusión nacional.

Al respecto, el magistrado andalgalense manifestó: “Esto significa la paralización de gran parte del sistema penal de Catamarca. Cada circunscripción de las cinco del interior tiene unas 10 a 15 causas apeladas, a lo que debe agregarse la Primera Circunscripción con todos los departamentos de su jurisdicción, lo que nos trae que esa Cámara debe entender actualmente en no menos de 150 causas apeladas”.

En este sentido, Cecenarro agregó: “En su oportunidad, fui crítico del Código de Procedimiento Penal catamarqueño, que deja la libertad o detención de las personas, hoy menores incluidos, en manos un fiscal, sin control previo y que la Cámara de Apelación es un nudo gordiano, donde toda apelación penal se resuelve allí, constituyendo un unicato judicial”.

En cuanto al escándalo que generó la viralización de un video de dos colegas suyos, el juez de Control de Garantías señaló: “Más allá del tratamiento de la conducta de los magistrados, debe paliarse sobre la continuidad y celeridad de las causas, que todas tratan de la responsabilidad penal y libertad de una persona”, solicitó, ya que se conoció que ambos magistrados cuestionados solicitaron licencia “sobre el desprestigio, eso no tiene remedio”.

Hecho
Cabe recordar que el pasado lunes, las redes sociales se hicieron eco rápidamente de un video en que se observaba a los jueces de la Cámara de Apelaciones Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra recibiendo una gran suma de dinero y según el material fílmico tenía como objeto lograr la excarcelación de un preso.

En forma paralela, a la Corte de Justicia llegó una denuncia anónima, en la cual pedían una investigación penal y el desplazamiento de los magistrados cuestionados, los cuales enfrentan ambas investigaciones.

Luego de que la secretaría de Sumario emitiera un informe al respecto, la presidenta del tribunal de Jury de Enjuiciamiento de magistrados solicitó una reunión de carácter urgente a los miembros, quienes determinaron declarar admisible la apertura de una pesquisa, mientras que el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, solicitó la intervención del juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña para una investigación penal en contra de sus colegas camaristas.
El caso tuvo repercusión nacional en los principales medios de comunicación, que replicaron el video en el que se observa lo que sería inconducta de los jueces.