Con nueve imputados, la mayoría integrantes de una misma familia de la comunidad gitana, la Justicia elevó a juicio oral la causa por el doble asesinato del diputado riojano Héctor Olivares y su asesor catamarqueño Miguel Yadón, cometido hace más de un año en la plaza Congreso.

Luego de analizar los 37 cuerpos que tiene el expediente -7.400 fojas-, la fiscal Estela Andrades presentó su requerimiento y el juez en lo Criminal y Correccional 16, Mariano Iturralde, elevó la causa a juicio y la envió a sorteo.

El crimen de Olivares y Yadón ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso Nacional.

A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, sobre Avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les efectuaron varios balazos.

Yadón cayó muerto de tres disparos –uno en el cuello, otro en la axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.

Los dos imputados principales –y únicos detenidos con prisión preventiva- son los primos Juan Jesús “Mohamed” Fernández y Juan José Navarro Cádiz, ambos de la comunidad gitana.

La fiscal Andrades pidió en su requerimiento que ambos sean juzgados como coautores de un “doble homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por placer, así como también por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra”, delitos que prevén la pena de prisión perpetua.

Si bien se especuló con un “atentado a la democracia” o con algún tipo de “venganza personal”, el juez y la fiscal llegaron a una conclusión distinta. 

“El homicidio no fue más ni menos que una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser”, sostuvo la fiscal Andrades en su requerimiento.

En otro tramo del escrito, la fiscal menciona que “el cuadro cargoso demuestra un desprecio tal por la vida humana” que quedó evidenciado “por el modo cobarde y traicionero” de la ejecución del doble crimen.

Todo el derrotero de Fernández y Navarro Cádiz, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, quedó grabado en videos de 80 cámaras de seguridad que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal.
Pero además, en sus indagatorias, los primos reconocieron haber estado en el auto con el arma homicida, una pistola Bersa Thunder calibre .40 con mira láser, aunque se echaron la culpa uno a otro respecto a quién fue el ejecutor de los disparos.
A ellos se los acusa de haber retirado el arma homicida que había quedado tirada dentro del auto Vento de Fernández, en el garaje de Bartolomé Mitre 1444, y trasladarla hasta la casa de Navarro Cádiz, donde finalmente se la secuestró.

También quedaron procesados por “tenencia ilegal de armas” halladas en los allanamientos en sus casas, la esposa y el padre del presunto tirador, Rocío Michel Montoya y Miguel Navarro Fernández, respectivamente y Luis Cano, allegado a los imputados.
El noveno acusado que irá a juicio por “tenencia y suministro ilegal de armas de fuego” es Luis Felipe Quevedo, un vendedor de antigüedades de la ciudad de Tandil que fue la persona que le vendió a Navarro Cádiz la pistola.